El juez Pedraz levantó su orden por considerarla «excesiva», pero el problema de fondo subsiste: la aplicación de mensajería, utilizada por 800 millones de personas en el mundo, sigue sin ofrecer información sobre los usuarios que utilizan la plataforma para vulnerar la ley
26 mar 2024 . Actualizado a las 05:00 h.«No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados». Así de contundente se mostró el pasado viernes el juez Santiago Pedraz para decretar el bloqueo cautelar de la aplicación de mensajería Telegram tras la denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus que acusaban a la plataforma rusa de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor. Incluso había dado a las operadoras un plazo de tres horas para que la ejecutaran. Aunque nunca fue efectiva.
Apenas cuatro días después, el magistrado dio un giro. No solo no ha suspendido su orden, lo que anunció a primera hora de la mañana de este lunes, sino que horas después acordó su anulación al considerar que su medida era «excesiva y no proporcional». Así lo admitió el propio juez, que argumentó así su nueva decisión. «Se constata —dice— un hecho notorio que este instructor no puede ignorar: la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión». «Si se acordara la suspensión —añade— supondría un claro perjuicio a millones de usuarios que la utilizan, la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades lícitas, pues, además de haber residenciado multitud de datos a los que ya no podrían tener acceso, en muchos casos se les impediría realizar labores de índole profesional».
Pedraz da marcha atrás, pero esto no supone que el problema que haya denunciado no exista. Tanto en España como en Europa. Y es que Telegram, con ocho millones de usuarios en España y 800 en el mundo, a diferencia de otras plataformas, no colabora con la Justicia a la hora de ofrecer información sobre los usuarios implicados en posibles delitos cometidos con la aplicación.
¿Fue exagerada la orden de suspensión?
Que la resolución fue una medida desproporcionada lo advirtió en un primer momento el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España. «La culpa no la tiene la herramienta, sino el mal uso que unos pocos hacen de ella. Por lo que hacen unos pocos no se puede penalizar a todos los usuarios», advierte el presidente de la entidad, el ingeniero gallego Fernando Suárez. Y pone un ejemplo gráfico: «¿Vamos a cortar el tráfico a toda la provincia de Pontevedra porque algunos trafican con drogas?». A su juicio, «la medida no es proporcionada» porque «nadie tiene derecho a bloquear nuestro tráfico a la web. Internet es libre y neutral», asegura. Borja Adsuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva, coincide en el hecho de que la medida también fue excesiva desde el punto de vista legal. «No iba contra Telegram, sino contra todos los usuarios de la plataforma que también la utilizan para su trabajo y a nivel profesional. Es una barbaridad y totalmente desproporcionada», asegura, pero este experto introduce también un matiz importante. «No le quedaba otro remedio».
¿Por qué no tenía otra opción?
Porque Telegram, a diferencia de otras plataformas, no colabora ni con la Justicia ni con la Policía a la hora de facilitar datos de sus usuarios implicados en posibles delitos. Entonces, la opción desesperada, pero poco efectiva y realista, era bloquear la aplicación. Pero, en realidad, esta decisión no le corresponde a un juez español, sino a la Comisión Europea. «Existen directivas europeas —advierte Adsuara— que obligan a las empresas digitales que quieran establecerse o prestar servicio en su territorio a cumplir unas normas. Es Europa quién tiene que decidir si cumple o no con su legislación y, si no la cumple, es la que debe decretar su bloqueo». Es cierto que Telegram tiene su sede en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, pero presta sus servicios en Europa, por lo que sí está obligada a cumplir con su legislación.
¿Otras empresas digitales cumplen la norma?
Sí. De hecho aplicaciones de mensajería como Whatsapp, similar a Telegram, han colaborado con la justicia europea y española. «La policía ha desmantelado redes de pederastia que distribuían pornografía infantil porque Whatsapp ha identificado a los administradores de los grupos que utilizaban la plataforma. Y es solo un ejemplo, porque también han colaborado en otros delitos», apunta Borja Adsuara.
¿Se podría sancionar a Telegram antes de ordenar un bloqueo?
No. Esta medida transitoria no se podría aplicar en Europa por la sencilla razón de que la empresa de mensajería tiene su sede en las Islas Vírgenes británicas, aunque sea de origen ruso. En Europa no ha sido constituida, por lo que no se le podría aplicar ninguna multa en casos de incumplimiento de la ley.
¿Se puede cerrar Telegram por orden judicial?
Por poder se podría, bien porque lo ratificase un juez en España o porque lo acordasen así las autoridades europeas. Otra cosa es que la medida fuese realmente efectiva, ya que existen alternativas para sortear una hipotética prohibición. «Me podrían bloquear en España, pero si utilizo una dirección IP de Francia o de otro país, por poner un ejemplo, sí podría acceder al servicio», explica Fernando Suárez, el presidente de los ingenieros informáticos. Este sistema es el que se utiliza para burlar la censura en los regímenes autoritarios. En este caso sería algo así como dar un rodeo para acceder a Telegram. Pero la táctica funciona.
China, India o Pakistán mantienen bloqueada la aplicación rusa
El juez Pedraz se vio obligado a ordenar el bloque de Telegram porque la empresa no accedió a facilitarle la información que le había requerido en septiembre del pasado año en respuesta a la causa abierta por la vulneración de derechos de autor denunciada por Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus. En realidad, la falta de colaboración de la aplicación de mensajería creada por el ruso Pavel Durov no es nada nuevo, ya que siempre ha hecho gala de negarse a facilitar información de sus usuarios a gobiernos y jueces.
La aplicación, de hecho, fue bloqueada en Rusia en el 2018 porque su creador se negó a proporcionar información de sus usuarios al Gobierno. Pese a ello, la aplicación sigue operando en el país. En China está censurada desde el 2015 con el fin evitar la difusión de críticas al Gobierno. En Pakistán lo está desde el 2018; en Tailandia, desde el 2020, a raíz de unas protestas antigubernamentales, y en Irán está bloqueada de forma permanente desde el 2018 después de que el régimen la acusase de ser un instrumento de la oposición