La institución considera que los recortes en el proyecto no fueron ilegales
03 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Comisión Europea ha rechazado la denuncia presentada por la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) contra el contrato del nuevo hospital de Vigo. La institución comunitaria se había dado doce meses para investigar si el contrato de concesión era ilegal y ha tardado quince para resolver que no existen pruebas suficientes de tal ilegalidad. La resolución ya ha sido trasladada a la AGDSP, que la ha recurrido.
El abogado autor de la demanda, Antón Beiras Cal, consideraba en la presentación del recurso que el contrato fue «un engano a Bruxelas». La asociación planteó su denuncia sobre tres fundamentos.
Uno eran los recortes en el proyecto. El razonamiento de la asociación establecía que se redujeron las características del hospital -menos camas, menos quirófanos, menos consultas, la eliminación del laboratorio central o las reducciones de las calidades- para abaratar los costes y generar una rentabilidad mayor a la concesionaria.
Otro era que no existía una transferencia del riesgo de la financiación y construcción de la obra. Esto es esencial en un contrato de concesión, pero según la asociación, la Xunta se implicó para conseguir los fondos del Banco Europeo de Inversiones y de la banca privada, de modo que no se transfirió el riesgo.
El tercero era que la Xunta trató de saltarse la fiscalización del Gobierno central, que en el año 2010, cuando se licitó el proyecto, estaba en manos de Zapatero. Porque el Gobierno gallego debería haber realizado un contrato de colaboración público-privada, lo cual exigía un informe previo del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, utilizó otra figura legal, la concesión de obra pública.
Todo ello, según la asociación, estaba motivado por que la Xunta quería saltarse el pacto de estabilidad, que impide que los gobiernos se endeuden. Gracias al contrato, la Xunta tiene que pagar un canon anual de 68 millones de euros a la sociedad concesionaria -una unión de empresas que lidera Acciona- pero técnicamente ese dinero no computa en la deuda de la comunidad.
Pero para Europa, nada de esto está probado. Uno de los anexos de la demanda contenía un duro informe elaborado por personal técnico de la Dirección de Recursos Económicos del Sergas, cuando las obras aún estaban en marcha. En el documento se ponía de manifiesto la fuerte reducción de calidades y características del proyecto. La Comisión Europea lo rechaza porque el informe no tiene la firma original.
El recurso ante Europa fue una de las últimas acciones de la AGDSP para intentar invalidar el contrato por la vía legal, algo que ya rechazó hace años el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. No obstante, su oposición siempre fue de concepto, política. La denuncia se presentó en septiembre del 2015, en pleno proceso de traslado al Álvaro Cunqueiro y se admitió a trámite en noviembre. La asociación médica lo anunció entonces como una victoria y llegó a anunciar la llegada de los hombres de negro, para simbolizar que Europa investigaría a fondo a la Xunta. Finalmente, la Comisión no ha dado ni siquiera un pequeño tirón de orejas a Galicia.
Para financiar el pleito, la AGDSP promovió una campaña de crowdfunding (micromecenazgo) por Internet, gracias a la cual recaudó 4.300 euros. Ahora ya le quedan pocas balas legales contra un hospital que lleva abierto un año y medio.