Los propios usuarios del albergue Dignidad afrontarán la reforma para evitar que cierre
VIGO
La organización, que cobija a cincuenta personas, carece de los 50.000 euros que cuestan las obras para tener luz verde de la Xunta
12 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los propios usuarios del albergue Dignidad tendrán que ser los que ejecuten las obras de reforma para que el centro obtenga el visto bueno de la Xunta. La organización se ve incapaz de afrontar el proyecto a través de la contratación de una empresa, lo que le obligaría desembolsar 50.000 euros. En la actualidad está a la espera de recibir una ayuda de la Diputación de 5.700 euros para poder iniciar los trabajos en verano. La reforma tendrá que ejecutarse por partes para evitar dejar en la calle a las personas que residen en el albergue.
«Tenemos un tiempo para legalizarlo y, según el proyecto, solo hay capacidad para veinticuatro personas, pero no vamos a dejar que nadie duerma en la calle. Eso sí que es indigno. Ahora tenemos cincuenta», comenta Suso Aguayo, pastor evangélico responsable de Dignidad. Recuerda que tienen que pagar a una trabajadora social, IVA y cinco locales en los que trabajan día y noche para salir adelante. En total, dice, unos 4.000 euros se van en gastos mensuales.
Tanto él como los usuarios ya están más que acostumbrados a hace de todo: carpintería, tapicería, pintado... Gracias a estos trabajos consiguen salir adelante.
Sobre las quejas de algunas personas del entorno, Aguayo lamenta que la gente no quiera tener pobres al lado de su casa. A él tampoco le gusta, pero, dice, es lo que hay y es necesario echar una mano a estas personas.
«Un día un vecino se quejó porque había un chico sin camiseta y nos decían también que por qué jugaban al tenis de mesa o al ajedrez en la acera», añade.
Cree que hay mucha hipocresía, que se habla de los sirios y se ignora o se rechaza lo que está al lado. «Están tratando de minar la iniciativa. A ver quién es capaz de cerrar esto. Les pongo a dormir en la acera», apunta molesto.
Asegura que las administraciones saben de sobra de su existencia y que el suyo es el único albergue que deja entrar a la policía sin orden judicial. «Ayer mismo estuvieron», apunta. Del Ayuntamiento, dice, incluso les envió unas literas y la trabajadora social les llama para comenta algún detalle. Sabe que tienen que obtener la licencia cuanto antes para legalizarse, pero asegura que los pobres no saben de burocracia.