Los psicólogos judiciales se rebelan contra la externalización del servicio

E. V. PITA VIGO / LA VOZ

VIGO

PITA

Temen que los expedientes con datos íntimos de menores pasen a manos de trabajadores privados

24 may 2017 . Actualizado a las 18:43 h.

Psicólogos sociales y trabajadores sociales de los juzgados han mostrado su preocupación por la posible externalización de su servicio de elaboración de informes sobre la situación de los menores en procesos judiciales de separación en los que se dirime la custodia o régimen de visitas. Hace unos años, la Xunta sondeó la posibilidad de contratar a trabajadores externos (a través de un convenio del Colegio de Psicólogos) para agilizar la lista de espera de los informes. En aquella ocasión, los funcionarios, que temían que se subcontratase el servicio y se desmatelase el departamento público, alegaron que no se podía contratar solo a un psicólogo social porque estos informes deben contar también la firma de un trabajador social, razón por la que cada equipo psicosocial del Imelga está integrado por dos expertos. Lograron frenar el primer intento de externalización pero ahora temen una nueva acometida.

Los funcionarios psicosociales dan dos argumentos contra la externalización del servicio a través de un convenio con los colegios profesionales: por un lado, los trabajadores externos accederían a datos privados y sensibles de los menores, colectivo especialmente vulnerable y que goza de la protección de la Fiscalía. Por otro, el convenio no obligaría a contratar a los graduados en Psicología que se han apuntado a las listas de la Xunta para ejercer como interinos sino que el colegio podría elegir a los trabajadores que prefiriese o hacer su propia lista.

La solución que proponen es que la Xunta, o bien contrate más interinos para reforzar el servicio y reducir el atasco de la elaboración de informes, o bien cree más equipos psicosociales de refuerzo.