Condenado un promotor a pagar tres millones de euros a una comunidad de Gondomar
GONDOMAR
El inmueble fue construido sobre un subsuelo inundable que hace que flote sobre el agua y el movimiento provoca fisuras
30 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vigo ha condenado a una promotora de Gondomar y a una compañía de seguros al pago de 3.068.753 euros por los defectos constructivos de un edificio de Gondomar. El inmueble fue construido sobre un subsuelo inundable que hace que flote sobre el agua y el movimiento provoca fisuras, según consta en la sentencia. Esto se debe a un «error de bulto» cuando se llevó a cabo el estudio geotécnico, según afirmaron peritos durante el juicio.
Contentos por haber ganado, pero conscientes de que no servirá para nada. Así se sienten los vecinos de la urbanización Baixa Redonda de Gondomar, que presentaron la denuncia. Dudan de que puedan cobrar algún día los tres millones de euros que la sentencia impone a la promotora Colmeiro y Martínez para poder corregir los desperfectos. Están convencidos de que el empresario Fernando Colmeiro es insolvente o, al menos, no tiene nada a su nombre. «Sigue utilizando el barco, el coche de alta gama y viviendo como un rey y, mientras tanto, nosotros pagándolo todo», se quejaba ayer el presidente de la comunidad de propietarios, Francisco Araújo. Los vecinos han pagado ya más de cien mil euros en derramas para arreglar los fallos que se han ido presentando después de que entraran a vivir en el inmueble en el año 2010.
La compañía de seguros fue condenada a responder solidariamente con el promotor del pago de más de dos millones de euros y ha recurrido la sentencia. Además, la póliza solo cubre una parte mínima de los daños. La comunidad de propietarios ha recurrido también el fallo porque se niega a pagar las costas del juicio, a lo que ha sido condenada por la absolución de arquitectos y aparejadores que se encargaron de la dirección de la obra y a los que también habían demandado. Temen que la minuta a la que tendrían que hacer frente podría superar los 200.000 euros. «Tenemos un embolado tremendo» concluía ayer Olga Araújo, vecina afectada y que vive en el primer piso. El juzgado eximió de responsabilidad a los técnicos porque legalmente pasó el plazo de dos años en el que podrían haber tenido que asumir responsabilidades. «Actuamos de buena fe y al principio no denunciamos nada porque el promotor iba arreglando las chapuzas, pero para el juez teníamos que haberlo hecho desde el minuto uno».
Inestabilidad
Los fallos más graves son los que afectan a la estructura del inmueble. Mientras no puedan crear un suelo firme bajo el edificio, los inquilinos están preocupados por su seguridad. «Los arquitectos nos han dicho que deberíamos estarlo», manifiesta Olga Araújo. También hay otros defectos constructivos que les hacen la vida incómoda. Continuas filtraciones de agua, puertas que no cierran, ventanas que no abren, goteras o suelos abombados son algunos de los desperfectos que padecen.