El juzgado obliga a un matrimonio de San Miguel de Oia a marcharse de su casa
09 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Una familia de San Miguel de Oia deberá abandonar una vivienda en la que llevan 27 años residiendo porque está construida sobre un terreno de la comunidad de montes. Los comuneros han pedido la ejecución de la sentencia mientras el matrimonio afectado carece de ninguna alternativa residencial. «Me echan de aquí sin darme nada, quieren que nos vayamos con una mano delante y otra detrás», se quejaba ayer Marina Echegoyen González, la propietaria afectada, que asegura que compraron la casa a la anterior dueña de forma completamente legal, ante notario y que, posteriormente, fue registrada. En el domicilio reside con su marido, que está enfermo del corazón, y un hijo de 33 años de edad. El juzgado les ha dado un mes para marcharse, que se cumple a finales de marzo.
La mala relación que han tenido con la comunidad de montes durante los últimos años ha desembocado en esta situación. Los comuneros recibieron varias denuncias y al final se cansaron e hicieron valer sus derechos en el juzgado sobre el espacio que ocupa la casa. El problema es que estar en una zona forestal ocasionaba numerosas molestias a los inquilinos. Los bichos se introducían en la vivienda, caían hojas sobre el tejado y, lo que es más grave, se desprendía tierra de un talud que les hacía temer por su seguridad. Así, la familia requirió en numerosas ocasiones a los comuneros para que limpiaran la zona. Fueron muy insistentes en que el entorno estuviera cuidado para poder disfrutar de un mínimo de calidad de vida. Al final, el Ayuntamiento obligó a la comunidad de montes a limpiar y hacer un muro de contención cerca de la casa. Fue la gota que colmó el vaso. Desmontar un talud supuso para los miembros de esta pequeña comunidad de montes que se autogestiona un desembolso económico importante. Así fue como se propusieron solucionar definitivamente el problema.
El presidente de la comunidad de montes de San Miguel de Oia, Manuel Giráldez Pequeño, manifestó ayer que la casa «es una ocupación ilegal que construyeron sin atenerse a nada y nos denunciaban constantemente».
Solución definitiva
Un día se dirigió a ella y le dijo: «Marina, lo que tenemos que hacer es solucionar esto de una vez por todas». Entonces acudieron a los juzgados y los comuneros ganaron el primer pleito al poder demostrar que la vivienda se encuentra dentro del perímetro de la comunidad de montes. Los afectados recurrieron a la audiencia provincial y perdieron y en el TSXG no admitieron a trámite un último recurso. El presidente comunal afirma que a pesar de que la sentencia sea firme, les han ofrecido una solución para que no tengan que marcharse y que la han rechazado. Se trata de hacerles un contrato en precario de manera que puedan seguir viviendo en el sitio, pero sin ningún derecho y que, al mismo tiempo, abonen a la comunidad de montes 10.000 euros por los gastos que tuvieron desembolsar a raíz de las denuncias recibidas.
Ante la falta de acuerdo, deberán desalojar este lugar, puesto que ya han dado poderes a la abogada para que tramite el cumplimiento del fallo judicial. «Nadie se metía con ellos y se complicaron solos», manifestó el presidente comunal.