Quiere anular los pasos dados hasta que Vigo se integre en el transporte comarcal
21 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La batalla del Área Metropolitana, que incluye como parte sustancial las discrepancias sobre la integración de Vigo en la red de transporte comarcal, es un conflicto político que desde ayer se dirime en sede judicial. La Xunta presentó el anunciado recurso contencioso administrativo contra un ente que considera ilegal, y lo hizo solicitando medidas cautelares, lo que daría carpetazo a los pasos dados hasta ahora. En concreto, la constitución de la asamblea y de la junta de gobierno y el nombramiento de Caballero como su presidente.
El motivo para esta petición son las consecuencias de que siga actuando y luego una sentencia considere que se trata de un funcionamiento ilegal por no integrarse Vigo «de manera efectiva» en el transporte metropolitana. Esta exigencia figura en la ley de constitución de este organismo, pero Xunta y Concello discrepan sobre la situación creada. Caballero considera suficiente haber firmado el convenio y asegura que quiere cumplirlo, lo que el Gobierno gallego rechaza.
En este contexto, los juristas autonómicos indican que «non acordar a medida cautelar implicaría prexuízos irreparables no sentido de que os órganos da Área comecen a exercitar as súas funcións e poñendo en efectivo funcionamiento a este ente local en contradición expresa dun mandato legal taxativo».
Aluden así a la no integración exigida en el transporte, por lo que «non decretar as medidas solicitadas fará que pola vía dos feitos consumados se avance cara o que o lexislador expresamente quixo impedir».
En un texto de 34 folios, presentado en los juzgados contencioso administrativo de Vigo, se detallan los órganos que pide queden bloqueados provisionalmente hasta que una sentencia firme dé la razón a una de las partes. En concreto, la convocatoria de la constitución de la asamblea, su celebración, la elección de presidente y la puesta en marcha de la junta de gobierno, entre otros.
De forma prolija enumera los motivos por los que Vigo ha incumplido la ley del Área Metropolitana con el asunto del transporte, una cuestión sobre la que Caballero y la Xunta llevan meses polemizando casi a diario. La discrepancia real es que Vigo se opone a que los vecinos del Área puedan usar los buses de Vitrasa a precio reducido, como hacen los de Vigo, ya que la factura recaerá exclusivamente sobre las arcas municipales. Con el argumento de que el Concello ha firmado el convenio para integrarse es suficiente para Caballero, que ha puesto en marcha el Área con el respaldo de los alcaldes de izquierda pese al plante de los del PP. Ante ello, la Xunta acude a los tribunales para impedirlo.
El recurso hace mención también al informe del Consello Consultivo que la víspera de la constitución de la asamblea recomendó que se paralizara hasta que hubiera un dictamen imperativo sobre el transporte, demanda que Caballero ignoró.
Lo cierto es que la judicialización del proceso presumiblemente abarcará también al convenio del transporte, cumplido según Vigo y lo contrario para la Xunta, y otros aspectos como la inscripción del Área en el registro de entidades locales, vetado por la Dirección Xeral de Administración Local y que Caballero va a recurrir.
En síntesis, lo que plantea la demanda autonómica es que supone un riesgo que el Área Metropolitana pueda seguir actuando antes de que se dictamine si se ha constituido con arreglo a la ley aprobada en el Parlamento gallego.
A la espera de conocer el recurso, Caballero advirtió ayer a Feijoo «no vaya a ser que Vigo levante la voz. Cuidadito con lo que hace, que se atenga a las consecuencias ya que hablamos de la cohesión territorial de Galicia».