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Un exedil del BNG carga al Concello el pago a su abogado en el caso Hormigón

El gobierno local paga a Xabier Alonso los 2.400 euros de su letrado tras ser exculpado


Vigo / la voz

El exconcejal Xabier Alonso ha resultado exculpado de su participación en el caso Hormigón, una causa por corrupción que un juzgado de Vigo siguió contra varios políticos y empresarios y que ha venido desinflándose con el paso de los meses. La jueza decidió sobreseer la causa contra él en julio del año pasado al considerar que no prevaricó cuando era edil de Deportes. Después de conocer la decisión judicial, el exconcejal del BNG pasó la factura de su abogado al Concello de Vigo y la Junta de Gobierno Local acaba de decidir abonársela.

Y tiene derecho, según los técnicos. El informe emitido por el secretario municipal, José Riesgo, al que ha tenido acceso La Voz, señala que la ley permite que los empleados públicos gocen de defensa jurídica en los procedimientos que se sigan contra ellos como consecuencia del ejercicio de sus funciones. Los concejales entran dentro de la categoría de empleados públicos. También es cierto que Alonso es el único que ha pasado la minuta al Concello.

El caso Hormigón, que ahora languidece, tuvo dos derivadas. Una era la compra del cemento para obras por parte de empresas concesionarias municipales a la firma que entonces dirigía el concejal Ángel Rivas, la sociedad Hormigones Valle Miñor; Rivas votaba la adjudicación de algunas obras como concejal y, después, las adjudicatarias le compraban material a su empresa. Eso es un hecho, pero recientemente ha sido exculpado de todo delito, si bien el auto deja claro que no se puede meter en cuestiones éticas.

La otra derivada era más compleja, ya que perseguía el reconocimiento extrajudicial de créditos como fórmula habitual de pago de obras en el Ayuntamiento de Vigo. Se trata de una figura excepcional para pagar un trabajo sin un contrato. En ese marco, la titular del juzgado de instrucción número 1, Concepción Segade, decidió investigar a Xabier Alonso por la construcción de una instalación deportiva en Barreiro, que él inició siendo concejal de Deportes. Cuando habían transcurrido 21 meses desde su abandono del cargo, el Concello aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 100.000 euros.

Alonso dijo en el juzgado que él había actuado dentro de la estricta legalidad y que no podía responder acerca del reconocimiento de crédito porque se había aprobado casi dos años después de su cese como concejal de Deportes. Sin decirlo, era una manera de advertir a la magistrada que, en todo caso, la culpa estaría en su sucesor, el socialista Manel Fernández, que no está encausado. La jueza dio por válida esa versión, no apreció signos de prevaricación y lo desimputó.

Ahora llega la factura del abogado, que asciende a 2.420 euros y que la Junta de Gobierno Local ha decidido aprobar. El Ayuntamiento no eligió al letrado ni negoció sus honorarios profesionales, pero, según el secretario municipal, es un importe «acorde aos prezos de mercado».

En todo caso, son excompañeros de Alonso los que han aprobado el pago. El político fue concejal de Deportes en el primer gobierno de Abel Caballero (2007-2011), cuando este tenía que gobernar en coalición con el BNG. Los nacionalistas tenían cinco ediles y Xabier Alonso, que ya había sido concejal en la primera corporación democrática, era uno de ellos, el más veterano. En el 2011 mantuvo su acta de concejal gracias a figurar como número 3 en la lista del Bloque.

Pero ese año los nacionalistas decidieron romper con Caballero y Alonso y sus compañeros se quedaron fuera del gobierno. Eso sí, con un salario: el BNG sí pactó con el PSOE las retribuciones y, gracias a ello, los tres ediles nacionalistas tuvieron un sueldo fijo estando en la oposición. En el caso de Xabier Alonso -entonces prejubilado de Telefónica-, una dedicación parcial de 38.000 euros anuales.

 

Curiosidad

La aprobación del pago del abogado de Xabier Alonso cuenta con varios informes técnicos a favor. El principal es el de José Riesgo Boluda, el secretario municipal y, por tanto, el funcionario de mayor rango del Concello, que ya era secretario cuando Xabier Alonso ejercía como concejal. A pesar de que coincidían en las juntas de gobierno y en el pleno, el informe de Riesgo contiene un error que los concejales o bien no advirtieron o bien pasaron por alto. El texto del secretario dice que Xabier Alonso Pérez fue «concelleiro delegado de Deportes do Concello de Vigo no período comprendido entre o 11/06/2007 e o 13/06/2015». Y eso no es cierto. Porque Alonso sí fue concejal de Vigo durante todo ese período, pero en junio del 2011 dejó de gestionar el área de Deportes y de formar parte de la junta de gobierno local y se fue a la oposición.

En Santiago fueron condenados y luego absueltos siete concejales

El pago de la defensa letrada de los concejales no es algo tan sencillo. Lo saben bien en Santiago, donde siete ediles acabaron inhabilitados -y, posteriormente, absueltos- por aprobar el futuro pago del abogado de un concejal imputado en la operación Pokémon, un megacaso de corrupción que aún no se ha cerrado. Los siete ediles se reunieron en junta de gobierno y aprobaron abonar en el futuro la defensa de Adrián Varela. En el juicio se descubrió que lo hicieron sin todos los informes previos. Aprobaron la solicitud redactada por el propio edil, que indicaba que sería legal que el Concello pagase su defensa si no iba contra el interés general o bien si resultaba exculpado.

Un año después, la Audiencia de A Coruña revocó el fallo. Pero para entonces ya se había forzado incluso la dimisión del alcalde, Ángel Currás.

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