Vecinos de San Roque quieren evitar el derribo del anexo I del antiguo Hospital Xeral

Juan Manuel Fuentes Galán
juanma fuentes VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

XOAN CARLOS GIL

«Una parcela próxima serviría para párking de la futura Cidade da Xustiza», explica el presidente de la asociación

23 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

«No tiene sentido derribar el anexo I del antiguo Xeral, edificio que fue sede durante muchos años de urgencias. Es una construcción relativamente reciente, unos 20 años, que podría seguir como dotación sanitaria». Manuel Saá y Manuel Rodríguez, presidente y secretario de la asociación de vecinos de San Roque, se muestran totalmente contrarios a la demolición y reclaman a la Xunta y al Concello que den marcha atrás.

Llevan semanas intentando hacer oír su voz, sin demasiada suerte. «Hemos podido hablar con el conselleiro Alfonso Rueda, también con el arquitecto de la Cidade da Xustiza, Alfonso Penela, y lo hemos intentado también con el alcalde, sin suerte. Solo logramos reunirnos con el gerente de Urbanismo», explican, «pero hasta ahora nada ha cambiado».

Su objetivo es que las administraciones implicadas en el proyecto analicen lo que para ellos es «un completo error». «El argumento para derribar el anexo I es que hace falta ese espacio para construir el aparcamiento de la futura dotación judicial. Pero no tienen en cuenta que hay una parcela situada en el mismo lateral del antiguo hospital, con edificaciones en ruinas, que serviría para ese objetivo. Además, serviría para sanear la zona y facilitaría una menor pendiente desde la calle a la futura plaza de acceso a los juzgados».

Saá ha investigado la situación de la parcela, un antiguo chalet con restos de lo que debió ser un atractivo jardín, del que subsiste una enorme palmera. «Pertenece al Banco Pastor y ha salido a subasta por 600.000 euros, una cantidad asequible ya que el derribo del anexo I [más las demoliciones interiores en la torre] costará 3,2 millones de euros».

Decisión urgente

Desde el punto de vista de ambos dirigentes vecinales, la modificación solo ofrece ventajas, aunque saben que la decisión deberá ser ya o no habrá tiempo. «En mayo empezará la demolición del anexo, dentro de unas pocas semanas, por eso vamos a batallar para que lo reconsideren», explican.

Por ello no cejan en su campaña de información y tienen previsto recoger firmas para demostrar que su postura cuenta con respaldo en el barrio e incluso en toda la ciudad. «Las asociaciones de médicos han defendido la pervivencia del anexo I para mejorar las dotaciones sanitarias, y nosotros coincidimos con ellos; esperamos que no nos fallen los dirigentes políticos».

Recuerdan que «en Vigo hay muchos centros de salud saturados, lo que hace todavía más inentendible este derribo; en el anexo II, y lo hemos visto personalmente, funcionan urgencias a determinadas horas, rehabilitación y radiología, entre otras dotaciones. Con nuevos servicios se completaría la oferta sanitaria ahora que el hospital de referencia, el Álvaro Cunqueiro, se encuentra lejos del centro», explican.

El hecho de que el Concello haya optado por expropiar terrenos privados que precisa para llevar adelante la recuperación de la Panificadora les parece un ejemplo. «No entendemos por qué en ese caso una administración puede adquirir parcelas y no es posible hacerlo en el Xeral», recalca el presidente de la asociación.

En un plano técnico, insiste en que la esquina degradada que completa la parcela del Xeral por esta parte afeará la futura Cidade da Xustiza. «Su incorporación solo ofrece ventajas. La ciudad salva una parte importante del antiguo hospital y además mejorará el proyecto judicial». Si acaso, su extrañeza es que no se haya tomado ya la decisión «cuando los juzgados van a tener más espacio del necesario».

Acuerdo político y social inmediato, salvo algunos flecos pendientes

Nadie imaginaba hace catorce meses que la Cidade da Xustiza no se fuera a construir en la calle Lalín, sede actual de los juzgados. Era una decisión que nadie cuestionaba hasta que, por sorpresa, en febrero del 2016 el conselleiro Rueda presentó el proyecto de levantarla en el antiguo Xeral. El planteamiento pilló por sorpresa a todos, especialmente al Concello, que ya había cedido los terrenos. Pese a ello, en cuestión de días, semanas a lo sumo, el acuerdo fue general. La excepción fueron los comerciantes da As Travesas, temerosos de la pérdida de una importante dotación, y los funcionarios judiciales, reticentes al cambio. Aparte, sectores sanitarios cuestionaron el derribo del anexo I y los vecinos de San Roque les respaldan para que siga como dotación sanitaria.