Al banquillo un empresario vigués por una falsa venta de paneles solares al Gobierno de Angola
VIGO CIUDAD
El fiscal pide cuatro años de cárcel para el distribuidor, que recibió seis millones de dólares y no los declaró. También están acusados un empleado y otros tres empresarios.
29 mar 2017 . Actualizado a las 20:39 h.Parecía el negocio del siglo. Una empresa de Vigo acababa de firmar un contrato millonario para dotar a Angola de un gran parque de energía solar. Aunque es un exportador de petróleo, el Gobierno de Luanda apuesta por plantas renovables. Pero detrás de este ecoproyecto solo había un montaje para defraudar a Hacienda, según la Fiscalía. La acusación ha destapado un supuesto fraude fiscal con un distribuidor vigués involucrado, el cual habría cobrado seis millones de dólares (3,7 millones de euros) del Gobierno angoleño por la falsa venta de casi mil paneles solares.
El Ministerio Público pide cuatro años de cárcel para el comerciante por un supuesto fraude fiscal y falsificación de documentos mercantiles, una multa de 1,1 millones y la devolución a Hacienda de otro millón en impuestos defraudados. El juicio se celebrará en Vigo contra el distribuidor, un empleado y tres cómplices, una vez que la defensa presente su escrito de alegaciones.
Todo empezó el 24 de abril del 2008, cuando el Gobierno de Luanda hizo una transferencia de 5,95 millones de dólares a la cuenta de una distribuidora con domicilio social en Vigo en un banco de la ciudad gallega. El dinero procedía de una cuenta del Tesoro Nacional de Angola abierta en una sucursal del banco Espíritu Santo en el Reino Unido. La beneficiaria de la transferencia era la empresa de Vigo, que ha sido acusada como persona jurídica, lo mismo que su administrador y socio único.
El gobierno angoleño justificó el ingreso como un anticipo por un supuesto negocio de venta de paneles solares que le vendía la distribuidora viguesa en un contrato firmado en marzo del 2008 en la ciudad gallega. La Fiscalía sostiene que jamás existió tal negocio y que la empresa viguesa incrementó su patrimonio en 6 millones de dólares sin haber justificado su procedencia ni declarado a Hacienda el impuesto de sociedades del 2008. El implicado debía pagar 1,04 millones en impuestos, lo que no hizo.
Facturas falsas
La investigación corrió a cargo del juzgado de instrucción número 6 de Vigo. La Fiscalía y Hacienda tiraron del hilo y descubrieron que, supuestamente, el administrador vigués intentó justificar que el contrato con Angola era auténtico. Para ello contó con la ayuda de varios cómplices y testaferros que crearon facturas ficticias para simular las ventas.
Una compañía de Portugal le remitió en agosto del 2008 una factura de casi medio millón de euros por un proyecto de instalación de una máquina de energía solar fotovoltaica con orientación automática. Otra empresa le envió dos recibos por 920.000 euros con cargo a 828 paneles y 255 módulos solares. Otro proveedor le cobró 138.000 euros en comisiones, gestiones y servicios. A su vez, el vigués emitió facturas por 828.000 euros.
El Ministerio Público sospecha que todos esos encargos eran ficticios para desgravar el IVA. Acusa a la firma viguesa de falsificar, supuestamente, facturas por trabajos inexistentes de albañilería en obra por valor de 45.800 euros. Desconfía de los pagos por remodelaciones, instalación de plataformas o la venta de material de saneamiento por 150.000 euros a una sociedad lusa. Y halló diez recibos por la supuesta venta de materiales con los precios inflados por valor de 602.806 euros.
Un cómplice reconoció ante los inspectores de Hacienda desde el primer momento que las facturas que emitieron sus dos empresas eran falsas. Esto le valió una atenuante por confesión. El resto se declara inocente y alega que hay confusión con las ventas.
EL fiscal pide cuatro años de cárcel para el empresario que recibió el dinero del Gobierno de Angola y lo mismo para uno de sus asalariados, así como la multa millonaria y la pérdida de ayudas públicas, incentivos sociales o Seguridad Social durante cinco años. Otro colaborador afronta tres años de cárcel y multa de 1,1 millones. El cuarto implicado se enfrenta a 2 años y medio de prisión. Para el quinto sospechoso, que confesó, piden 9 meses de cárcel y multa de 900 euros.