Una empresa reclama a la entidad más de 250.000 euros por servicios realizados de jardinería y obras
22 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros, no ha terminado el calvario judicial tras su inhabilitación durante siete años. Tras la sentencia condenatoria por prevaricación administrativa, ayer volvió a comparecer ante un juez. Esta vez fue en el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Vigo. Jarma Desarrollos Urbanísticos ha denunciado a la entidad por el impago de una serie de trabajos realizados. Le reclama más de 251.000 euros que supuestamente no fueron abonados en 33 facturas por obras de jardinería y de mantenimiento viario entre los años 2014 y 2015.
La abogada de los demandantes le mostró ayer algunas de ellas, que están incluidas en un certificado de obra de 2016 por un importe total 58.708, que incluye todas las facturas de jardinería del año 2015. Ballesteros dijo que no se pagaron porque «no había ningún encargo, ninguna providencia».
Ballesteros había sido citado a declarar en un principio en calidad de representante legal de la entidad local. Sus abogados presentaron un informe de la secretaria de la entidad en la que confirma que sigue en el ejercicio de sus funciones. Pero el juez no lo admitió a la vista de la sentencia de inhabilitación y Ballesteros compareció en la vista en calidad de testigo, bajo juramento de decir la verdad. «Se trata de una serie de facturas que están en una modificación de crédito, que se va a aprobar definitivamente ahora, cosa que no se pudo hacer en su momento porque no tenía secretario», justificó Roberto Ballesteros a la salida de su comparecencia.
No dimite
El presidente de la entidad local menor de Bembrive reiteró que no va a incluir en un orden del día del pleno el punto para dar cuenta de su inhabilitación. «Al no ser una sentencia firme, no tengo la obligación de hacerlo, si así lo fuera, el propio juzgado lo notificaría», explicaba ayer. Reiteró su intención de presentar un recurso «porque se me castiga por una cosa que no me denunciaron». Al mismo tiempo, asegura que abrirán una investigación para esclarecer cómo llegó la sentencia de manera anónima al buzón de la entidad el pasado 25 de mayo, cinco días antes de que se la notificaran en el juzgado. «Posiblemente esto salió de la oposición», dijo.