El saqueo del Grupo Álvarez va a juicio 20 años después de haber sido denunciado
VIGO CIUDAD
Cuatro empresarios se sentarán en el banquillo a partir del lunes y piden para cada uno de ellos tres años de prisión
24 jun 2017 . Actualizado a las 14:39 h.Fue la mayor empresa cerámica de Europa y hoy es un cementerio de ruinas saqueadas. El fiscal pide tres años de cárcel por alzamiento de bienes para los antiguos administradores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA). Fueron denunciados por los trabajadores ante el juzgado el 10 de mayo de 1996. El juicio se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial a partir del lunes, después de múltiples retrasos y de ser tres veces anulado. La querella fue presentada por el grupo de opinión de GEA.
Los hechos son más antiguos aún que la querella. Se remontan al 4 de octubre de 1991. Ese día el Instituto Nacional de Industria, vendió sus acciones del Grupo de Empresas Álvarez, dedicado a la fabricación de cerámica y vidrio, a Pickman S.A. y Fábrica de Loza en la Cartuja de Sevilla, cuyos títulos eran propiedad de Estudesa, de Valencia. El representante de esta empresa era Vicente Mata, un antiguo líder ugetista reconvertido en empresario.
Pese a la precaria situación financiera del Grupo Álvarez, que entonces ya tenía cuantiosas deudas, los acusados José Orozco Rodríguez Mancheño y los hermanos Francisco y Mariano Jiménez Ambel «concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito mediante la transferencia del patrimonio de GEA a Estudesa S.A. y Pickman S.A. en perjuicio de los numerosos acreedores de la empresa situada en Vigo», señala la Fiscalía.
Para ello, en 1993 fundaron Vidrios Automáticos del Noroeste, S.A. (Vanosa), cuyo capital estaba integrado por la finca que constituía su centro de trabajo y aportada por GEA. El día siguiente, que casualmente era el de los Inocentes, Orozco y Francisco Jiménez Ambel conciertan con el Banco Exterior de España un préstamo de 450 millones de pesetas en beneficio de Estudesa, con garantía hipotecaria que se constituye sobre la finca de Vanosa, tasándose la misma en 882 millones de pesetas.
Como Estudesa no pagó el préstamo a su vencimiento, el banco ejercitó el embargo y la finca de Vanosa fue adjudicada al Banco Exterior de España para pagar 653.287.907 pesetas del préstamo, intereses y gastos. Vanosa entonces estaba valorada en 1.807 millones de pesetas.
El fiscal señala que «persistiendo el mismo propósito de beneficio económico en perjuicio de los acreedores de GEA (trabajadores, Tesorería de la Seguridad Social, Ayuntamiento de Vigo, Fenosa, proveedores), Francisco Jiménez Ambel, en representación de Estudesa, titular de acciones de GEA cedió a Corvagal, S.A., representada por Enrique Tatay Huici., la totalidad de las acciones del Grupo Álvarez.
Tatay asumió la existencia de una garantía hipotecaria prestada a favor de Estudesa por Vanosa que era una sociedad dependiente y dominada por el Grupo Álvarez, cuyas acciones fueron objeto de esta transmisión. Jiménez Ambel acordó con Tatay que ninguna de las dos partes se reclamarían nada mutuamente tras esta estratagema societaria. Posteriormente, el Grupo de Empresas Álvarez y Vanosa fueron declaradas en suspensión de pagos.
El fiscal señala que estos hechos y acuerdos entre los implicados constituyen un delito de alzamiento de bienes del que están acusados José Orozco y los hermanos Ambel, mientras que Enrique Tatay está acusado solo de alzamiento.
En su escrito provisional el fiscal señala que procede imponer a cada uno de los acusados la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial pare el derecho de sufragio pasivo y multa de veinte meses, con una cuota diaria de 25 euros.
En cuanto a la responsabilidad civil estima que deberán reservarse las acciones civiles a los perjudicados para su ejercicio en el procedimiento que corresponda.
«Lamentamos que no hayan procesado a nadie del INI», dice Ángel Prado
Ángel Prado estuvo más de 30 años en el departamento de Exportación de la empresa de Cabral. Vendían vajillas a todo el mundo. Se quedó en la calle junto con cientos de compañeros cuando la empresa dejó de producir en el 2002. Prado no se explica por qué este caso ha tardado en ser juzgado y ha atravesados tantos dimes y diretes. Cree que han influido muchas cuestiones políticas que han ido dilatando un proceso que salpicaba a personas que habían tenido puestos relevantes. Este antiguo trabajador, que hoy tiene 75 años, ha visto morir a algunos de sus compañeros de lucha. Pero no cesa en su interés en que se haga Justicia. «Llegaremos hasta el Tribunal Europeo si es preciso» dice al tiempo que lamenta que nadie del INI sea juzgado.