Cuando Vigo se adelantó a la ley de memoria histórica

Jorge Lamas Dono
jorge lamas VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

Josefina, hija del regidor socialista, ante un retrato de su padre en una imagen de archivo
Josefina, hija del regidor socialista, ante un retrato de su padre en una imagen de archivo FÁTIMA DAPENA

En marzo de 1983, la corporación municipal acordó darle el nombre de un nuevo vial a Martínez Garrido, el alcalde republicano fusilado en 1936, así como a otros políticos represaliados por el franquismo

29 mar 2023 . Actualizado a las 00:20 h.

Solo habían pasado dos años desde el intento de golpe de Estado de Tejero y aún quedaban 24 años para que se aprobase la primera ley de la memoria histórica cuando el Concello de Vigo iniciaba su propio camino de recuperación de asesinados y represaliados por el régimen franquista a partir de julio de 1936. El 30 de marzo de 1983, la corporación viguesa acordaba dedicar a Emilio Martínez Garrido el nombre del nuevo vial que se había abierto entre Urzaiz y la avenida de Madrid.

Aquel no era un nombre cualquier. Se trataba del último alcalde democrático de la Segunda república en Vigo. Un hombre, militante del partido socialista, que había sido fusilado el 27 de agosto de 1936 junto a otros destacados políticos locales cuyo único delito había sido cumplir con la Constitución de 1931. Incluso, cuando ya se conocía el levantamiento militar contra la República, Emilio Martínez Garrido se negó a repartir armas entre los sindicatos de la ciudad lo que daba idea del seguimiento legal mantenido por este empresario del sector funerario.

Pero, no todos los miembros de la corporación viguesa de 1983 aprobaron la decisión. Los concejales Eugenio Pernas (Coalición Democrática) y Andrés Barros (Unión de Centro Democrático) emitieron un voto en contra, mientras que Alberto Durán (CD) y José María García Picher (UCD) se abstuvieron.

Alcalde socialista

La democracia había regresado a España y, desde 1979, los ayuntamientos lucían corporaciones electas por sufragio universal. Al frente de la alcaldía viguesa estaba Manuel Soto, militante del PSOE, como también lo había sido Emilio Martínez Garrido. Al poco de ocupar su cargo, Soto Ferreiro comenzó a dar pasos en favor de recuperar la memoria democrática viguesa. En el pleno de mayo de 1979, al mismo tiempo que la corporación local aprobaba respaldar la candidatura de Santiago a la capitalidad de Galicia, se acordaba iniciar los trámites para dar el nombre de nuevas calles a Emilio Martínez Garrido, Pablo Iglesias [el fundador de la UGT], Alfonso Castelao y Alexandre Bóveda.

«Creo haber enlazado la legitimidad democrática que representaba Martínez Garrido con la que encarna la nueva corporación», decía en aquella época el alcalde Manuel Soto.

En abril de 1980, la corporación acordaba emplear el gallego en la nomenclatura del callejero vigués, y un año después, el 30 de abril de 1981, dos meses después del intento de golpe de Estado de Tejero, caían del rueiro vigués todo nombre relacionado con el régimen franquista nacido ilegalmente del 18 de julio de 1936. Allí desaparecieron del callejero Felipe Sánchez, el oscuro comandante que había liderado el golpe en Vigo; los militares general Aranda, Mola y Queipo de Llano; el fundador de la Falange, José Antonio; o incluso el Generalísimo dado por el régimen a la Gran Vía. A cambio, los concejales vigueses recuperaron los nombres de Elduayen y Urzaiz, Areal, Porta do Sol y otras que había sido eliminadas por la corporación franquista durante la guerra civil.

La cruz

Mientras se estaban dando estos pasos decididos desde el Concello de Vigo, la Cruz de los Caídos de O Castro, el principal símbolo del régimen franquista en la ciudad, permanecía inalterable, incluso al efecto de un artefacto explosivo. A finales de los años setenta, un grupo de la izquierda nacionalista gallega le puso una pequeña bomba que produjo escasos daños. Aparte de las bromas que se realizaron entonces a raíz de aquella chapuza, el hecho sirvió para que los nostálgicos del régimen aumentasen las concentraciones en ese lugar para conmemorar cualquier fecha importante en el imaginario ultraderechista. Incluso, se reunieron a los pocos días, brazo en alto, en un acto que denominaron que calificaron de desagravio.

Desde la corporación municipal no se hizo nada por eliminar aquel símbolo, que había cambiado su origen religioso por uno político. El único paso dado entonces fue colocar una placa, no demasiado visible, que invocaba a todos los muertos de la guerra civil, algo que le ha valido al actual gobierno municipal para defender su permanencia y utilizarlo como excusa para evitar su retirada.

Pero, lo cierto es que la Cruz de los Caídos de O Castro fue levantada en el año 1961 para recordar y homenajear a los fallecidos del bando franquista durante el conflicto civil. Y fue precisamente este elemento quien meneó la actualidad viguesa tras la aprobación de la ley de memoria histórica en el 2007, siendo el socialista José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno de España.

Si bien algunos escudos preconstitucionales se retiraron, como fueron los casos de los que presidían el antiguo rectorado o la Casa das Artes, o, más adelante, la Iglesia accedió a retirar de las paredes de sus templos las listas de caídos del bando franquista, la cruz de O Castro permaneció en el mismo sitio donde obtuvo las bendiciones políticas de Francisco Franco Bahamonde.

Una asociación de memoria democrática llevó la cuestión a los tribunales, pero nada se ha podido hacer y la cruz sigue en su sitio, mirando hacia el ayuntamiento de la ciudad.