Percibe 43.000 euros por encadenar 27 contratos en la Universidad de Vigo

e. v. pita VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

Estación de Ciencias Marinas de Toralla del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidad de Vigo.
Estación de Ciencias Marinas de Toralla del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidad de Vigo. CEDIDA

Una técnica de cultivos marinos de Vigo dijo que su despido fue una represalia pero el Tribunal Superior le corrige y dice que ella denunció tras ver peligrar su plaza

26 mar 2024 . Actualizado a las 04:55 h.

El Tribunal Superior ha denegado a una técnica acuícola de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla de la UVigo una indemnización de 7.500 euros como reparación en daños morales después de que hubiese encadenado 27 contratos temporales en once años, lo que ella consideraba abusivo y fraudulento y la sala lo tilda de «escandaloso». Sí mantiene los 43.308 euros de indemnización por despido improcedente en el 2022.

La técnica colaboraba en diversos proyectos de investigación marina y no se conformó con el despido improcedente y pidió la nulidad porque, según sostuvo, conculcaron sus derechos fundamentales porque le lesionaron la garantía de indemnidad (impedir una represalia del empleador al trabajador). Por ello, reclamaba 7.501 euros de indemnización. Sin embargo, el tribunal le replica que ella solo denunció como reacción al saber que su plaza podría ser ocupada teóricamente por otra persona que eligiese la UVigo y que podría tener mayor categoría que la suya.

La sala consideraba que la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo del 2023 que declaró la naturaleza indefinida no fija de la trabajadora venía a probar el carácter abusivo de la sucesión de contratos laborales que la habían unido con la UVigo. De sus 27 contratos, la mayoría eran por obra y dos ellos por intermediación y cesión ilegal de empresas externas de biotecnología u hospitalarias.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admite que el «escandaloso» número de contratos temporales otorgados entre la técnica de cultivos marinos y la UVigo, o las empresas interpuestas, confirma una «anomalía jurídica» y se advierten indicios de abuso y fraude. Recalca que no se le puede exigir al trabajador una «actitud heroica».