La Diada del pasado día 11 ha resultado un éxito, como manifestación popular, cualquiera que sea la cifra real de participantes. Cuadró con lo previsto por sus patrocinadores. Llama la atención que en un Estado democrático se tenga la disciplina adoptada para conformar la bandera humana en la extensa v. Y ahora, qué pasará, pueden razonablemente preguntarse los ciudadanos. ¿Habrá consulta el 9-N? La respuesta negativa es clara por parte del Gobierno. Y no puede ser de otra manera, con la Constitución en la mano y el tratado de funcionamiento de la Unión Europea que respeta las funciones esenciales del Estado, «especialmente las que tienen por objeto respetar su integridad territorial». El propio Mas ha corroborado esa imposibilidad al confirmar que «ahora tenemos pregunta y fecha». Es justamente la pregunta la que lo hace inviable, porque se refiere a la posibilidad de autodeterminación, prohibida por la Constitución. Algo muy distinto a lo que ha acontecido en el que todavía es, y puede que siga siendo, Reino Unido. La opinión pública internacional se ha volcado en calificar muy negativamente la arriesgada propuesta del premier Cameron de aceptar un referendo en Escocia sobre su independencia, con un escueto sí o no. En todo caso, no fue una iniciativa unilateral de Escocia, sino acordada en el Parlamento británico.
En el caso español, cuya tradición constitucional es respetada por la UE, aunque a veces se ignore para otros asuntos, el Gobierno tiene obligación de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional, que produce la suspensión automática. Todos los poderes públicos quedan concernidos por esa decisión, con todas las consecuencias que en Derecho resulten para quienes no la acepten o incumplan. El protagonismo recae en el Tribunal Constitucional. Quizá si la sentencia pronunciada en su día no hubiese sido tan «componedora» para exhibir la unanimidad de sus componentes, hubiera podido cortarse todo lo que implicaba su real inejecución, como son los preparativos para la realización de un referendo declarado inconstitucional por su objeto y fundamento. Tal como están planteadas las cosas, la solución al problema de la consulta no puede venir de una respuesta de Madrid, como genéricamente dice Mas refiriéndose a Rajoy, ni de una reunión inmediata de este con aquel, como se ha apresurado a pedir el secretario del PSOE.
La participación en la Diada de un tanto por ciento importante de la población revela que existe un innegable problema político. La no realización de la consulta es solo un remedio de urgencia imprescindible para evitar lo que pueda ser metástasis. Queda mucho por hacer y el tiempo alcanza. A este Gobierno corresponde tomar iniciativas. No se reducen a una mera bilateralidad porque, en definitiva, aunque existiese una inequívoca mayoría absoluta del pueblo catalán por la independencia, que la Diada no ha evidenciado, habría de contarse con la opinión del resto de los españoles que tienen también el derecho a decidir.