Cinco años desde la gran tractorada: ¿Qué ha cambiado en el sector lácteo?

Se cumplen cinco años de la última gran protesta del campo gallego. Tal día como hoy de 2015, los ganaderos bloqueaban con sus tractores las entradas de las principales industrias lácteas -días antes habían protagonizado una manifestación en Santiago-, regalaban leche a los consumidores a la puerta de los mercados o directamente la tiraban en sus fincas de Frades o Santa Comba. Medidas con las que pretendían visibilizar su principal problema: cobraban 27 céntimos por cada litro de leche que vendían a la industria cuando el propio Ministerio de Agricultura reconocía que el coste de producirla superaba los 35. Varias semanas de protestas culminaron el 23 de septiembre en la firma del Acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo, un ambicioso documento refrendado por la industria, la distribución y los propios ganaderos que pretendía sentar las bases del futuro del lácteo pero que, aún a día de hoy, sigue siendo papel mojado en muchos aspectos.

La desaparición de las cuotas lácteas provocó un profundo desequilibrio en el mercado que tardó más de un año en volver a estabilizarse. A partir de ahí -octubre de 2016- el precio de la leche en origen empezó una lenta y progresiva mejoría hasta alcanzar los 32 céntimos, importe medio al que se paga la leche gallega a día de hoy. Cantidad que los ganaderos siguen considerando insuficiente habida cuenta del aumento sostenido de la demanda y de los precios de derivados industriales como la mantequilla o el queso en los mercados internacionales.

La industria sigue con el poder. Creada como una herramienta para empoderar al ganadero frente a la industria, los contratos lácteos siguen sin cumplir la función para la que fueron creados. Bien es cierto que establecer su período de vigencia en doce meses -ocho de cada diez suscritos en Galicia cumplen esta premisa- ha terminado con mucha de la incertidumbre que rodeaba a los precios pero también lo es que el ganadero sigue teniendo escasa capacidad para imponer condiciones en ese contrato. Ni siquiera la obligatoriedad de recoger en los documentos que el precio pactado cubre los costes de producción ha conseguido mejorar la capacidad de negociación del sector productor.

Tampoco hay más transparencia. Dotar de mayor transparencia a toda la cadena de valor de la leche se antojaba como una prioridad a la hora de garantizar sus sostenibilidad. Se sabe a cuánto cobra el ganadero y a cuanto venden los supermercados pero no el importe que recibe la industria de la distribución. Un lustro después, los llamados precios de cesión siguen siendo una información inaccesible para el ganadero que continúa sin saber cómo se reparte el dinero que generan sus vacas. Sí se ha avanzado en aspectos como el de la identificación del origen de la leche. Desde hace año y medio resulta obligatorio que todos los productos lácteos recojan en su etiqueta el lugar de producción y envasado, una información que llevaban años demandando ganaderos y consumidores.

Las ofertas ilegales son una práctica habitual hace años, pero ahora resulta difícil encontrar leche en los líneas a precios inferiores a los 55 céntimos, tope considerado mínimo para no incurrir en lo que se denomina venta a pérdidas. Lo que parece haber cambiado menos es el hecho de que, puntualmente, sigue entrando leche de terceros países a precios anormalmente reducidos que ejercen una fuerte presión a la baja.

Exceso de individualismo

Lo que tampoco ha cambiado en el último lustro es el exceso de individualismo que sigue caracterizando al sector ganadero. Su único compromiso en el acuerdo lácteo era el promover el asociacionismo y la fusión de cooperativas con el fin de ganar músculo y mejorar su capacidad de negociación con la industria pero, salvo contadas excepciones, poco se ha hecho en este sentido. En definitiva, algo han cambiado las cosas, pero tampoco demasiado a pesar de la protesta.

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