La trama de las subvenciones en I+D acaba con cuatro acusados en el banquillo
AROUSA
La Fiscalía solicita ocho años de prisión y fuerteS multas para cada encausado
30 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Finalmente, serán cuatro las personas que se sienten en un banquillo de los acusados para responder por un supuesto fraude en la captación de subvenciones en I+D que lleva investigando la Fiscalía de Pontevedra desde principios del 2013. A todos ellos, el ministerio público les imputa tres delitos -dos por fraude de subvenciones en los ejercicios 2010 y 2011, y un tercero por falsedad en documento mercantil-, por los que les solicita un total de ocho años de prisión y 307.200 euros en multas, así como el pago de una indemnización de 142.751 euros a favor de la UE y otra de 35.687 euros a la Xunta de Galicia. Del pago de estas cantidades considera que son responsables civiles subsidiarios dos empresas del grupo Taelpo, la Universidade de Vigo y la Fundación Empresa-Universidade Galega (Feuga).
El fiscal mantiene que José Miguel Estévez Rodríguez, al que identifica como administrador solidario de Taelpo Telecom, al tiempo que cita otros cargos en Taelpo Seguridad y Talleres Electrodomésticos de Pontevedra, diseñó conjuntamente con el también acusado Luis Eulogio Anido Rifón -catedrático universitario- «un plan destinado a la obtención (...) de subvenciones con pleno conocimiento de que se aportaría información no verdadera a la Xunta».
En este marco, el ministerio público resalta que el profesor Anido Rifón fue la persona que, desde la Universidade de Vigo, contactó con las sociedades del grupo Taelpo encausadas «con la finalidad de que estas solicitasen subvenciones para I+D+i sabiendo que los proyectos (...) no cumplían los requisitos exigidos para ser subvencionables».
De este modo, «preparaba, por subcontratación de las empresas subvencionadas, la parte denominada teórica de los proyectos para los que se solicitaban» las ayudas. En este punto, el fiscal tiene claro que, con su papel en la supuesta trama, realizaba «un servicio indispensable para que las mismas fuesen concedidas», mientras que, como contrapartida, percibía «para la Universidade una parte sustancial de la cantidad concedida».
En cuanto al rol de José Mera Oitavén, se reseña que era conocedor y colaborador en la concesión de las subvenciones. La nómina de encausados se completa con Ana Belén Dapena Nogueira, persona encargada de personal, quien habría participado «de forma activa» en la concesión de las ayudas «con pleno conocimiento de que los datos que se aportaban a la Administración no eran reales».
Modus operandi
En cuanto al sistema que pusieron en marcha para presuntamente captar las ayudas públicas, este consistió en que se hizo constar en la documentación remitida por las empresas una serie de datos referidos a los trabajadores que iban a participar en los distintos proyectos que era «mendaz». «Ni todos los empleados que se dice que han participado lo han hecho y los que han podido participar en algún proyecto no tenían la cualificación que se dice en la documentación», mantienen desde el ministerio público. De igual modo, concluyen que «ninguno de los operarios dedicó a los proyectos el tiempo que se justificó en la documentación aportada, por el contrario el tiempo dedicado -de existir- fue muy inferior al justificado».
Los cálculos que se manejan en el seno de la acusación apuntan a un sobrecoste de un mínimo de 785.000 euros.