El Arousa tendrá que pagar 3.000 euros a Pepe el utillero por despido improcedente

Serxio González Souto
serxio gonzález VILAGARCÍA / LA VOZ

VILAGARCÍA DE AROUSA

MONICA FERREIROS

La Seguridad Social confirma que el club deberá añadir un 30 % a su pensión de incapacidad a raíz de su caída a la grada

21 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

En cuestión de dos semanas se cumplirán tres años de un accidente que puso los pelos de punta a media Vilagarcía. José Manuel García, un acérrimo hincha del Arousa S. C. que ejercía como utillero del club, se precipitaba desde una de las cubiertas del campo de fútbol de A Lomba a la grada, el 9 de abril del 2015. Aquella caída desde seis metros de altura le rompió a Pepe el utillero el cuerpo y se llevó por delante su prolongada relación con la entidad deportiva vilagarciana. El hombre se había subido a la techumbre en una grúa municipal, en busca de varios balones. Lo hizo como tantas otras veces, recorriendo el trazado de las vigas, pero perdió el equilibrio, posó un pie sobre la uralita y aquel mal paso fue suficiente para que atravesara la estructura y se estrellase contra la bancada. Pudo haberse matado. El Arousa argumentó que García Bello era un directivo que ejercía una labor no remunerada, pero tanto el juzgado de lo social de Pontevedra como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideraron probada la existencia de una relación laboral. Ahora, otra sala pontevedresa condena al equipo de la capital arousana a pagarle 2.971 euros, a razón de 33 días de salario por año servicio, y sentencia que su expulsión de la disciplina arousana constituyó un despido improcedente.

No es el único revés que el Arousa SC acaba de sufrir con relación a este caso. También el Instituto Nacional de la Seguridad Social falla contra sus intereses, puesto que desestima una reclamación del club contra un incremento del 30 % de las prestaciones que por incapacidad temporal e incapacidad total cualificada debe pagarle a García Bello a raíz de aquel brutal accidente. La sociedad deportiva insistió en que la labor que ejercía Pepe el utillero era completamente voluntaria y alegó que fue su comportamiento temerario el que le llevó a caerse, sin que existiese responsabilidad en ello por parte del equipo. La Seguridad Social sostiene, en cambio, que un exceso de confianza por parte de un empleado no exonera a la entidad para la que trabaja de sus obligaciones en esta materia. Que no son otras que «garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad e higiene».

En cuanto al último fallo en sí, el Juzgado de lo Social número 1 de Pontevedra recuerda que, pese a haberse probado la existencia de una relación laboral entre ambas partes, el Arousa no había dado de alta a Pepe el utillero, un paso que la Tesorería General de la Seguridad Social sí formalizó, con efecto retroactivo, desde enero del 2014. Tres años después, declaraba a García Bello en situación de incapacidad permanente derivada de aquel accidente y permitió que el hombre eligiese entre una pensión y el subsidio para mayores de 55 años que entonces percibía, corriendo el pago a cargo del club. Pepe ya había sido dado baja por el Arousa, el 16 de febrero del 2016. Algo que la sala no ve como despido nulo, pero sí improcedente.

El brazo derecho astillado, una rotura de cadera y 22 puntos en la cabeza

El accidente fácilmente pudo costarle la vida a Pepe. La caída, desde seis metros de altura sobre una superficie escalonada, le causó una fractura de cadera, varias contusiones, el astillamiento del brazo derecho y una herida en la cabeza que requirió 22 puntos de sutura. García Bello todavía sufre las secuelas de aquello. Basta con verle intentando cerrar su puño derecho. Esta es la razón por la que, el año pasado, la Seguridad Social lo declaró en situación de baja permanente. Precisamente por ello, el juzgado argumenta que no tendría ningún sentido la readmisión del antiguo utillero, que reclamaba que su despido fuese considerado nulo. La sentencia anterior, que reconocía su relación laboral con el club, tampoco aceptó su petición de una indemnización de trece mil euros.