Recortados y engañados


A nadie se le escapa que el real decreto por el que se establece la agrupación de los Registros de la Propiedad es un nuevo recorte en los servicios ciudadanos. Como contribuyentes, lo que más duele es que la Administración central que toma la medida no tenga la valentía de reconocer que se trata de una reducción de prestaciones e intente convencer a los vecinos de que solo se trata de una reorganización interna que, asegura, no les afecta en absoluto.

Reorganización interna será, pero lo cierto es que un solo registrador seguirá atendiendo dos oficinas y eso, se quiera o no, alguna incidencia tendrá. Ahora no se cubre la plaza del registrador de Muros y después se dejará vacante la del próximo profesional que se jubile o se traslade y así, poco a poco, el servicio irá mermando, hasta que llegará el día en el que cierre la oficina muradana.

La desaparición se irá produciendo en pequeñas dosis, de forma que, cuando se complete, los ciudadanos estarán ya tan acostumbrados a ir a Corcubión para resolver sus asuntos que nadie alzará la voz.

Este modelo en el que todo cambia sin que aparentemente cambie nada está dando muy buenos réditos a la Administración. Antaño las cosas se cerraban por las bravas, con las consiguientes revueltas, concentraciones, manifestaciones. Ahora todo es mucho más sutil. Pasa con los registros civiles, que también están en la cuerda floja; los juzgados, cuya carga de trabajo pretende reducirse a costa de que los ciudadanos desistan de ejercer su derecho a reclamar; la sanidad, donde hace tiempo que no se cubren las vacaciones, ni las bajas y, a veces, ni las vacantes.

Poco a poco las prestaciones van menguando, acostumbrando al contribuyente a realizar cada vez más gestiones por su cuenta, a buscarse la vida, dejando indefensos a quienes no pueden zafarse porque se enredan en la maraña de la Administración o porque, simplemente, carecen de medios para ello.

Eso sí, pronto se pondrá en marcha la campaña de la Agencia Tributaria en la que se nos recordará a todos nuestro deber ciudadano de contribuir para que haya servicios, se genere empleo y se hagan obras públicas. Parece un chiste, pero lamentablemente no lo es.

En Muros se reorganiza el Registro de la Propiedad, en Noia no se cubre desde hace años una vacante que afecta al Registro Civil y, en Ribeira, la delegación de Hacienda depende de la de Santiago. Su reorganización tampoco iba a influir en nada a los ciudadanos, pero son muchas las empresas que hacen sus trámites directamente con la oficina de Santiago.

Es un suma y sigue, recorte tras recorte, que se edulcora con la etiqueta de la optimización de servicios.

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