n las pasadas elecciones del 10 de noviembre, la comarca de Barbanza actuó como espacio político maduro en términos democráticos. Los electores decidieron a quien apoyar en clave de elecciones generales. Cuando los electores cambian su voto es que saben lo que votan. Concellos en los que ganó Podemos las municipales entregan su voto al PSOE; concellos con alcalde de Marea dan su respaldo al PP, mostrando la independencia de los ciudadanos, que han aprendido a diferenciar unos comicios de otros. Las extrapolaciones a las elecciones autonómicas tienen su morbo e interés periodístico, pero poco se ajustan a la realidad de un cuerpo electoral que ha aprendido a votar de manera distinta en comicios diferentes. En este sentido, el voto a Vox en la comarca, un 5 %, fue similar a la media gallega. Sin embargo, Ribeira fue una anomalía democrática, el 14 % de sus ciudadanos apoyaron a Vox, convirtiéndola en la capital gallega de la ultraderecha.
Todos deberíamos preocuparnos: la derecha tradicional, porque se le consolida la fuga de los votantes a opciones autoritarias; la izquierda, porque no amplía su base electoral. ¿De dónde proceden? Seguramente del descalabro de Ciudadanos. En Ribeira no hay un paro elevado, la colonia inmigrante no supera los mil habitantes, la seguridad ciudadana es razonable, así pues las causas son otras.
Ciudadanos consiguió el mayor éxito electoral hace cuatro años con tres concejales, su éxito se asentó en la defensa de España como Estado uniforme progresista y europeo, su giro a posturas alarmistas terminó por transformarlo en una maza de percusión contra el independentismo, abandonando su ideario reformista. Sus votantes, excitados por los sentimientos y no las razones, -la razón siempre avanza con lentitud, los sentimientos vuelan como pasiones incontroladas- abrazaron el banderín de enganche de Vox y el sueño del retorno al tradicional aislamiento ultramontano de España como reserva espiritual de Occidente.
Faltó pedagogía para explicar la realidad de Vox como un partido político tan inconstitucional como los independentistas catalanes. Si los unos aceptan la Constitución, salvo el artículo dos de la invisibilidad y unidad de la nación, los otros solo aceptan de la Constitución el artículo dos, pero rechazan el resto. Rechazan el estado de las autonomías, rechazan la existencia de pensiones públicas, rechazan la igualdad de hombres y mujeres, rechazan la escuela pública, rechazan el derecho a la vivienda. En definitiva, son antidemócratas porque además no respetan el modelo europeo de convivencia e integración social.
Los partidos políticos pagarán en términos electorales el «blanqueo de los ultras» a pactar con ellos y sufrirán la fuga del voto como le ha sucedido a Ciudadanos. El PP debe construir un nuevo proyecto que se enfrente al desplante generacional, para poder frenar a Vox como partido más votado entre las personas menos acomodadas que son de derechas. La izquierda debe abordar con claridad el conflicto catalán que dificulta como país afrontar los grandes retos que hay por delante y que confunde al electorado a no entender si se habla de derechos sociales o de irritaciones territoriales.