La corporación nombra un abogado para que defienda los acuerdos plenarios denunciados por el gobierno de Ponteceso

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

PONTECESO

BASILIO BELLO

Así lo acordó el pleno en sesión extraordinaria celebrada en la mañana de este miércoles

09 jun 2021 . Actualizado a las 11:57 h.

La corporación municipal de Ponteceso acordó, en la mañana de este miércoles, el nombramiento de un abogado que defienda los acuerdos plenarios adoptados por el pleno el pasado 29 de marzo, que fueron denunciados por el grupo socialista, encabezado por el alcalde, Lois García Carballido, a través de la vía Contencioso-Administrativo. En concreto, la modificación de cargos y formación de las comisiones informativas, la modificación en la composición de la mesa de contratación, la derogación y creación de un nuevo reglamento de organización municipal, o la habilitación de una comisión de investigación sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en dependencias municipales, entre otros.

Una vez iniciada la sesión, el secretario municipal solicitó a Lois García Carballido y a sus dos compañeras María Teresa Chouciño Calvete y Noela María Varela Suárez, que abandonaran la sala toda vez que, como parte implicada — denunciantes en este caso— no podían participar en la votación.

Una votación, por cierto, muy polémica, en la que algunos representantes de la oposición llegaron a cargar duramente contra el secretario e interventora municipales, a los que, incluso, llegaron a acusar de favorecer los intereses del alcalde en detrimento del conjunto de la corporación. De hecho, la funcionaria tuvo que pararle los pies a algún concejal ante los comentarios recibidos: «No vamos a tolerar que se falte el respeto a nuestra profesionalidad», llegó a decir en el salón de plenos. Señaló que los técnicos están «para asesorar» y que las decisiones políticas les corresponde «al pleno» aprobarlas, o no.

Ahora queda por determinar el procedimiento a seguir. En la sesión quedó claro que la opción de solicitar la colaboración y mediación de los servicios jurídicos de la Diputación de A Coruña ha quedado descartada, toda vez que el ente provincial solo defiende a los concellos en litigios presentados o planteados por terceros, es decir personas físicas o jurídicas ajenas a los ayuntamientos.

De hecho, PP, APIN, y los ediles no adscritos ya pusieron encima de la mesa el nombre de un letrado, Alejandro López Sánchez, quien tiene un plazo de 10 días para presentar su escrito en respuesta a la denuncia presentada por el grupo municipal socialista por los acuerdos plenarios del 29 de marzo.

Ahora bien, ¿cómo se abonará la minuta del letrado? Según explicó intervención, si el importe no excede de 15.000 euros y el plazo de ejecución del servicio es inferior los 12 meses se puede tramitar la contratación del abogado como un contrato menor. La cuestión también es si hay partida económica habilitada en el Concello de Ponteceso para abonar esos gastos o, por si el contrario, hay que efectuar una modificación de crédito y trasladarla, posteriormente, a pleno para su aprobación por parte de la corporación.

Una vez discutido este tema y aprobado en votación, el alcalde y sus dos compañeras regresaron al salón del pleno y, pese a que en la oposición exigieron un debate político sobre lo ocurrido, el regidor decretó el final de la sesión extraordinaria.