El retraso del informe pericial obliga a archivar la causa de la operación Zeta
A CORUÑA
La instrucción del supuesto fraude en cursos de formación estará archivada casi en un año
21 dic 2020 . Actualizado a las 19:12 h.Siete años y medio han pasado desde que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña comenzó a investigar un supuesto fraude en cursos de formación. La Fiscalía había hallado indicios de que un empresario coruñés del sector de la educación, Gerardo Crespo, cometió presuntamente irregularidades con las subvenciones recibidas por la Xunta. La instrucción avanzó y finalmente la trama salpicó a treinta personas, entre ellas altos cargos de la Xunta y otros empresarios. Se les imputa los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos, como falsedad documental, cohecho y blanqueo.
La jueza pidió un informe pericial al principio de la investigación y todavía no llegó a sus manos. Ni llegará al menos hasta julio del próximo año, según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Así que la titular del juzgado se vio ahora obligada a decretar el sobreseimiento provisional de la causa principal y de las piezas separadas de la conocida como operación Zeta hasta que disponga de ese informe pericial encomendado a la Intervención General del Estado.
Hasta entonces, debido a la imposibilidad de avanzar en la instrucción, todo permanecerá «paralizado».
Siete años de investigación
Así las cosas, la investigación acumula ya siete años. En marzo de este año, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña criticó en un auto la instrucción de la operación Zeta debido a la «prolongación en el tiempo de la incerteza que existe sobre el posible título de imputaciones subjetiva y objetiva». Además, recordaba a la instructora «la obligación de los órganos jurisdiccionales de usar los mecanismos que da la ley para evitar el estancamiento de muchas causas».
El auto es en respuesta a un recurso presentado por Eliseo Calviño, expresidente de la Confederación de Empresarios y Profesionales de España, para poder hacer uso de su patrimonio, pues lo tenía retenido desde que fue arrestado en octubre del 2014 por los supuestos delitos de falsedad y fraude con subvenciones. Junto a él quedaron como investigadas otras 30 personas y como principal imputado el empresario coruñés Gerardo Crespo, al que señalan como el hombre que tejió una red para quedarse con el dinero de los cursos de formación y empleo sin llegar a organizarlos, entre otras cosas.
La supuesta trama, según el atestado policial, funcionaba así: se ofrecían a organizar cursos de formación pagados por la Administración autonómica para desempleados y profesionales, pero a veces ni había alumnos y, mucho menos, profesores, según los investigadores. Solo aulas vacías o casi vacías. Nada más. Cobraban y no había cursos, según el relato de la policía.
Una treta que se destapó en diciembre del 2011 y en la que se han podido defraudar 20 millones de euros, según el Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Comisaría Provincial de A Coruña. Una suma que, entre otros, supuestamente se repartían el anterior presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Eliseo Calviño; el que lo sustituyó, Francisco Javier Pérez Bello; y el empresario coruñés Gerardo Crespo, dueño de Azetanet, uno de los mayores grupos de España dedicado a la formación.
No fueron los únicos detenidos durante la larga instrucción. También lo fueron otras cuatro personas, tres de ellas cargos de responsabilidad en la empresa de Gerardo Crespo, y el otro, el director comercial de los autónomos gallegos.
