La cárcel vuelve a quedar vacía, pero con un proceso por prevaricación

El cierre de la antigua prisión provincial de A Coruña entierra una de las banderas electorales del gobierno local


A Coruña / La Voz

La apertura de la antigua prisión provincial al público era mucho más que la puesta a disposición de los vecinos de un inmueble para uso cultural. Suponía un símbolo, tanto por el significado histórico del inmueble como por la lucha para poder recuperar un bien que no estaba en manos municipales. La Marea lo llevaba en su programa en el 2015, año en que Proxecto Cárcere, la asociación nacida para revitalizar y recuperar ese edificio, era también un modelo de nueva gestión de lo público por el que apostaba el equipo de Xulio Ferreiro. La cárcel abrió el pasado verano, pero se llegó a ese momento con mucho retraso, con una apertura muy lejos de las expectativas creadas y con un distanciamiento evidente en la relación entre la Marea y la entidad. En medio está el proceso judicial abierto a instancias del PP por la cesión de la gestión, asunto que acabó convertido en una denuncia de la Fiscalía por presunta prevaricación en la que se investiga a la concejala Claudia Delso. El Ayuntamiento, que ya en diciembre decidió un cierre provisional de la prisión -responsabilizando de ello a la Xunta- comunicó la semana pasada un cierre definitivo. La cárcel acaba el mandato cerrada mientras prosigue su deterioro. 

ACuerdo con la SIEP

Dinero sin gastar. La titularidad de la cárcel está en los juzgados porque en la pasada década se firmó un convenio entre sus dueños, la SIEP -organismo dependiente del Ministerio de Interior- y el Ayuntamiento y este último se comprometía a abonar un millón de euros al primero para recuperar la propiedad. Los siguientes gobiernos municipales consideraron que ese pago era injusto y que el inmueble debería revertir en manos municipales tras perder su uso. No hubo acuerdo y la situación se enquistó, estando hoy pendiente de decisión judicial. En ese contexto, tras su cierre en el 2009 la cárcel siguió deteriorándose sin nuevas inversiones. El actual gobierno local pactó en la SIEP una cesión temporal a la espera de sentencia. Cada parte ponía 150.000 euros para hacer obras urgentes de mejora, que haría el Ayuntamiento. Aproximadamente la mitad de ese dinero se invirtió, eso sí, con un año de retraso. Solo un pequeño porcentaje de lo que se iba a rehabilitar fue adecentado. El inmueble estaba en peor estado del previsto y la mayor parte siguió cerrada. Faltaba, eso sí, completar la inversión, pero esa segunda parte ni siquiera llegó a licitarse, como denuncia Proxecto Cárcere. 

Obras

Actuación de baja calidad. Las obras llevadas a cabo fueron, según afirma Proxecto Cárcere, de baja calidad, con agujeros para el cableado a la vista, sistema sanitario sin recubrir, tornillería mal colocada en las ventanas y sustitución de vidrio por policarbonato. Las ventanas, además, estaban fijadas de tal manera que no se podían abrir, aumentando la humedad en el interior, lo que afectaba a la conservación del inmueble. Además, el mobiliario de la cárcel, prácticamente intacto tras el cierre, fue tirado a la basura sin más explicaciones cuando para la entidad tenía un indudable valor histórico. Nunca se arreglaron dos grandes huecos en la cubierta. 

Incomunicación

Un lío burocrático. El mandato acaba como empezó, con la cárcel cerrada y con guardias de seguridad en la puerta, pidiendo ahora el DNI a los voluntarios de Proxecto Cárcere que pasan por allí. Lo que duele en la asociación, más allá del problema en el que están involucrados, es que hace meses que no tienen con quien hablar en María Pita porque ni los reciben ni responden a sus preguntas, cuenta Tono Galán. El lío burocrático viene de las llamadas comunicaciones previas. Proxecto Cárcere tenía que comunicar sus actividades antes de llevarlas a cabo. Pero María Pita ponía pegas a esas comunicaciones sin aclararles cómo tenían que hacerlas. «Desde o Concello non só non colaboraron para chegar a unha solución, senón que se abriu un expediente de revogación do contrato por non ter cumprido coas obrigas de comunicación previa», dicen desde la entidad sin que nunca, ni después de haberlas pedido por escrito, les comunicasen en qué consistían esas obligaciones. 

Proceso judicial

La antigua imputación. La cárcel supuso un revés judicial para la Marea con la investigación -antigua imputación- de Claudia Delso. La asociación asegura que no tiene socios como tales y que muchos de los que hoy están en la Marea y entonces figuraban en una lista de nombres de Proxecto Cárcere no había participado en el día a día de la asociación. Sí lo habían hecho los ediles Xiao Varela y Rocío Fraga, dicen. La Fiscalía considera que se dio trato de favor a la entidad en el concurso, de ahí la investigación. «O que si temos que afirmar é que Proxecto Cárcere en ningún momento, nin agora nin antes, buscou nin colaborou con ningunha entidade para ser beneficiado inxustamente», indican. ¿Podría ser que la decisión municipal de cerrar la cárcel tenga que ver con la intención de distanciarse de la entidad ante el proceso judicial abierto? En Proxecto Cárcere no lo saben porque con ellos ya nadie habla. «O Concello -dicen- non soubo defender as súas propias accións e non soubo cooperar cun colectivo cidadá polo ben do edificio», añaden. El Ayuntamiento, por su parte, aseguraba ayer que no renovaba el convenio con la SIEP porque el inmueble no es municipal y ese acuerdo limitaría las inversiones. La misma causa por la que los gobiernos previos no invirtieron allí hasta ahora. Con todo, la edila Claudia Delso se desmarca de los anteriores diciendo que el de la Marea fue el único en abrir el edificio. En el 2010 también lo estuvo con contenido cultural.

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