La Marea tardó 14 meses en iniciar la catalogación del edificio de Citroën
A CORUÑA
Los vecinos lo pidieron en agosto del 2015 y el trámite arrancó en octubre del 2016
22 feb 2019 . Actualizado a las 19:40 h.El presidente de la asociación de vecinos de Oza-Gaiteira-Os Castros, Paulo Sexto, exigió ayer al gobierno local que proteja la fachada del antiguo concesionario de la Citroën, en el 117 de la avenida de Oza. La asociación destaca que es un inmueble «único» y reclama que se mantenga su característica fachada acristalada.
Pero el futuro del edificio no está garantizado. El 18 de febrero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña dictó una sentencia en la que «declara concedida la licencia de demolición» solicitada por los propietarios del mismo.
La decisión judicial se produjo tras un rocambolesco proceso administrativo en el Ayuntamiento, en el que la concejalía de Rexeneración Urbana, dirigida por el edil Xiao Varela, tramitó «al mismo tiempo» la concesión de licencia de demolición y la inclusión del inmueble en el catálogo de edificios protegidos.
La sentencia, que condena al Ayuntamiento a pagar las costas del procedimiento hasta 700 euros, se hace eco de las «contradicciones» del citado departamento de Rexeneración Urbana.
Finalmente da la razón a los propietarios, ya que considera que la licencia fue concedida por silencio administrativo positivo el 12 de agosto del 2016, tres meses después de que fuese solicitada. En ese tiempo, el Ayuntamiento no hizo ningún trámite, de ahí el silencio administrativo.
El expediente no empezó a moverse hasta después de que la empresa reclamase la aplicación de esa medida. Al mismo tiempo, el gobierno local inició los trámites para protegerlo. Hasta el punto de que en el mismo día, el 14 de noviembre del 2016, el concejal Xiao Varela dio el visto bueno al permiso para la demolición mientras elevaba al pleno la propuesta de paralizar la licencia, aunque según el tribunal ya no era aplicable porque debía haber sido concedida el 12 de agosto.
Sorpresa entre los vecinos
El presidente de los vecinos de Oza, Paulo Sexto, mostró ayer su sorpresa ante esas gestiones «contradictorias». Que se hagan trámites para proteger el edificio mientras se tramita su demolición «non é moi lóxico», señaló.
Fue el propio Sexto quien el 31 de agosto del 2015 pidió al Ayuntamiento que catalogase el inmueble. Pero su solicitud no fue escuchada hasta el 19 de octubre del 2016, cuando Xiao Varela ordenó a sus subordinados iniciar los trámites para incluir el edificio en el catálogo de edificios protegidos del plan general.
No solo el presidente vecinal se mostró extrañado. La candidata socialista, Inés Rey, calificó de «desastrosa» la gestión del gobierno local y señaló que es «difícil de entender» que Urbanismo desarrollase al mismo tiempo los trámites de protección y demolición del edificio.
La portavoz del BNG, Avia Veira, exigió al ejecutivo local que evite el derribo y planteó que se inicie un proceso de mediación con los propietarios para evitar la pérdida del inmueble. Veira criticó además la «descoordinación» en la concejalía de Urbanismo bajo las órdenes de Xiao Varela.
Las dos criticaron además que el PP no hubiese protegido de forma suficiente el inmueble durante el anterior mandato.
Por su parte, el PP destacó que la licencia se entiende concedida por silencio administrativo en agosto del 2016 y no se suspendió la tramitación a pesar de estar tramitándose en paralelo el expediente de catalogación del edificio, «que nunca estuvo catalogado y cuya catalogación jamás pidió Patrimonio».
«Sorprende la lentitud para tramitar la catalogación, sabiendo que había una solicitud de licencia de demolición de por medio, y que no se contestase en esos tres meses sabiendo también que el silencio administrativo es positivo en ese caso y no se había suspendido la tramitación de la licencia», indicaron fuentes de los populares en María Pita, que añaden que la propia Asesoría Jurídica reconoce que la licencia de demolición debe entenderse concedida, bajo un proyecto, además, redactado por el mismo arquitecto que hizo el edificio, porque dice que ya no responde al original.
El gobierno local anunció que recurrirá la sentencia e intentará incorporar el edificio al catálogo de inmuebles protegidos.
El valor del edificio
La construcción es obra del arquitecto Andrés Fernández-Albalat, que ayer le restó valor en una entrevista radiofónica. Pero la sentencia refleja que, para el Ayuntamiento, el inmueble es de «importante valor» por su «estética muy reconocida»; e indica que su voluntad de protegerlo está «clara, al menos desde el mismo día en que el interesado presentó la licencia de demolición».
Cronología de unos procesos paralelos
31-8-2015. El presidente de la AA.?VV. de Oza-Gaiteira-Os Castros reclama al gobierno local la protección del inmueble.
12-5-2016. Los propietarios solicitan la licencia de demolición. El mismo día, un asesor municipal emite un informe en base a la petición de los vecinos en el que propone la catalogación del edificio.
30-5-2016. El gobierno local inicia el trámite de la licencia, que queda parado.
Septiembre del 2016. La comunidad de bienes pide la certificación de la licencia por silencio administrativo. La licencia queda así concedida de forma efectiva el 12 de agosto del 2016, dice la sentencia.
13-9-2016. La arquitecta técnica municipal informa favorablemente la licencia.
19-10-2016. El concejal de Rexeneración Urbana manda un correo electrónico al director de Urbanismo y al jefe de servicio de Planificación para incluir el edificio en el catálogo de edificios protegidos.
21-10-2016. El jefe de Planeamiento informa de que la incorporación requiere de una modificación del plan general.
24-10-2016. El concejal de Rexeneración Urbana dicta un decreto para iniciar la modificación puntual del plan general.
28-10-2016. La jefa de departamento de Licencias y el jefe de servicio de Intervención de la Edificación informan favorablemente la licencia de derribo. Ninguno de los informes menciona el decreto firmado por el concejal el día 24.
14-11-2016. El director de área y el concejal de Rexeneración Urbana dan el visto bueno a la propuesta para dar la licencia de demolición. El mismo día, el mismo edil, Xiao Varela, eleva al pleno la propuesta para suspender la concesión de licencias, entre ellas la de demolición del inmueble.
12-12-2016. El pleno da el visto bueno al acuerdo de suspensión de licencias.
15-12-2016. La junta de gobierno devuelve el expediente de licencia en base a un informe del oficial mayor que hace referencia al acuerdo plenario del día 12.
17-11-2017. La comunidad de bienes presenta un recurso contencioso contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la licencia de demolición.
18-02-2019. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de A Coruña estima el recurso de los propietarios, declara la licencia de demolición concedida y carga las costas, hasta 700 euros, a la Administración municipal.
