El 5 de junio, el gobierno en funciones mandó girar recibos del 2016 a los desalojados
11 jul 2019 . Actualizado a las 08:12 h.El 5 de junio, el gobierno local de la Marea Atlántica, en funciones tras su derrota en las municipales del 26 de mayo, ordenó que se notificasen los recibos de la cuarta cuota de urbanización del parque Ofimático. Esos 172 recibos, que en total sumaban más de siete millones de euros, estaban listos desde el 20 de abril del 2016. Pero la concejalía de Rexeneración Urbana, que entonces dirigía Xiao Varela, no los envió. Así lo indica un informe redactado ese mismo mes de junio por uno de los altos cargos nombrados por aquel gobierno local.
De los siete millones de la cuarta cuota de urbanización, casi la mitad habían sido abonados por la empresa pública Xestur. Pero los otros 3,5 millones deben ser pagados por los propietarios de la zona, entre ellos los vecinos de Elviña que han sido obligados a desalojar sus viviendas para facilitar la urbanización.
Ese colectivo está formado en gran parte por personas mayores con recursos económicos limitados, pero algunos de ellos afrontan facturas, solo en esta cuota de urbanización, de alrededor de 30.000 euros. Llevan protestando contra el proyecto desde el 2011.
En la campaña electoral del 2015, la Marea Atlántica les prometió que solventaría su problema desafectando sus propiedades. Los vecinos eran entonces muy hostiles hacia el PSOE, que había tramitado la urbanización, y hacia el PP, que había continuado su desarrollo y derribado la vivienda de uno de ellos. Pero pronto se vieron defraudados por el nuevo gobierno, que no cumplió las promesas que les hizo en el 2015. Su malestar desencadenó que en la campaña de las municipales acudieron a protestar al mitin que la Marea dio en Elviña. Las imágenes de sus quejas a Xiao Varela y al entonces alcalde, Xulio Ferreiro, que se excusó culpando a la oposición, tuvieron repercusión en las redes.
Unas semanas más tarde, tras la derrota electoral, el gobierno local reactivó el cobro de las facturas que no había ordenado pagar en abril del 2016. Según el citado informe, en agosto de aquel año se firmó un protocolo con la Xunta y los promotores que planteaba no girar las cuotas hasta que se adjudicase el nuevo proyecto de urbanización. El gobierno local, con un importante retraso, logró aprobarlo de manera inicial el 3 de mayo del 2019.
Aunque, según el mismo informe, en la actualidad aún no se cumple la condición para girar las cuotas -el proyecto no está aprobado de forma definitiva y no se ha adjudicado la obra-, el gobierno local decidió enviarlas el mencionado 5 de junio.
El informe justifica esa decisión por las advertencias de la tesorera municipal al alcalde y varios concejales de que las liquidaciones podrían prescribir, pero no indica cuando se produjeron esos avisos de la funcionaria.
En todo caso, no fue hasta el 19 de junio, 14 días después de que Varela diese la orden, cuando los responsables del área de Rexeneración Urbana que había nombrado él mismo encomendaron a un funcionario que efectuase las notificaciones. Solo cuatro día antes había tomado posesión el nuevo gobierno del PSOE, que se encontró con el procedimiento en marcha y ordenó paralizarlo hasta que pudiesen hablar con los vecinos afectados que, salvo sorpresa, van a tener que afrontar este año unos pagos que suponen una obligación legal.
Cuatro años sin la prometida solución a un conflicto que deberá afrontar el nuevo gobierno
El Ayuntamiento preparó y firmó el 20 de abril del 2016 unas notificaciones por valor de siete millones de euros que no tramitó hasta el 19 de junio del 2019, más de tres años después. La lentitud de ese trámite tiene poco de extraordinario en el parque Ofimático, donde la mayoría, sino todas, las gestiones desarrolladas durante el último mandato se ejecutaron fuera de plazo.
Las obras mínimas para que pudiesen entrar a vivir los cooperativistas se retrasaron más de un año, y otro tanto ocurrió con el proyecto de urbanización. El único trámite prometido que se llegó a cumplir fue que los cooperativistas accediesen a sus viviendas, aunque con el citado retraso. Lo demás ha quedado en el aire, ni se ha desafectado a los vecinos de Elviña ni se ha completado el plan de urbanización.
Esas cuestiones quedan en manos del nuevo gobierno que, como el anterior, las recibe como una herencia de sus predecesores. Claro que el nuevo ejecutivo, como el precedente, recibe también los avances ya consolidados. Porque las obras han seguido avanzando, lo hicieron en el período 2015-2019 y aún con más rapidez en el 2011-2015; y el parque Ofimático se parece cada vez más al nuevo barrio que se comprometió en su día. Sin olvidar el problema de los desalojados, el nuevo ejecutivo tiene entre sus deberes encarrilar la problemática urbanización que gestó un ejecutivo del mismo color político -el PSOE entonces en coalición con el BNG-, y dotarlo de mejores servicios para que sea realmente habitable.