La Consellería do Mar publica este martes en el DOG la orden con el compromiso de suspender la actividad marisquera mientras duren las obras
30 sep 2020 . Actualizado a las 14:39 h.La Consellería do Mar acaba de publicar este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden que recoge el compromiso por parte de la Xunta para dejar en suspenso todos los planes de explotación marisquera en las zonas afectadas de la ría de O Burgo una vez que se inicien las obras de dragado. La titular de este departamento, Rosa Quintana, explicó que esta publicación demuestra «a boa vontade e a lealdade» de la Administración autonómica con el Estado para sacar adelante un proyecto de vital importancia. En este sentido, matizó que esta orden no es necesaria en absoluto para licitar la obra, ya que ese compromiso está ya recogido en el proyecto de regeneración y en la declaración de impacto ambiental. «O Estado pode licitar xa porque a semana pasada quedou aprobado o proxecto. Entendo que, agora, non debe ter ningún outro impedimento para que o Goberno licite, hoxe mesmo, o proxecto e iniciar a súa tramitación o máis rápido posible para executar as obras de maneira inmediata», dijo.
Rosa Quintana, acompañada por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y el delegado provincial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, recordó que la tramitación administrativa fue larga y engorrosa y que la última traba llegó el pasado mes de marzo, cuando desde el Ministerio de Transición Ecológica le pidieron que certificara la puesta a disposición de los terrenos para poder abordar la obra. «Quedou acreditado despois das reunión do xefe da asesoría xurídica da Xunta coa directora da Avogacía do Estado que nós non podemos certificar a dispoñibilidade dos terreos porque son de dominio público marítimo-terrestre (titularidad del Estado)». En todo caso, como muestra de buena voluntad, la Xunta sí aceptó publicar este martes en el DOG el compromiso de paralizar la actividad marisquera en cuanto se inicien las obras. «Xa non hai escusas administrativas. Hoxe mesmo poden enviar ao Boletín Oficial do Estado (BOP) a licitación desta obra. E nós estariamos encantados de que fora así», dijo.
Los representantes de la Xunta confirmaron que plantearon al Estado la posibilidad de que les transfieran los fondos y sea la Consellería de Infraestruturas la que licite la obra para intentar agilizar la tramitación, pero no han recibido respuesta al respecto. Y exigen al Ministerio para la Transición Ecológica que certifiquen la disponibilidad de crédito para abordar la obra.
Tras unos meses de acusaciones cruzadas entre los representantes de las administraciones estatal y autonómica, Rosa Quintana recordó que el Gobierno central tiene consignado en los presupuestos, prorrogados desde el año 2019, 24 millones de euros de fondos propios para abordar el dragado, que costaría unos 48 millones de euros en total. A ese dinero habría que sumar una parte de los 50 millones de euros de los fondos europeos del fallido proyecto de la depuradora de Santiago, que se reasignaron para otras obras, entre ellas la regeneración de la ría de O Burgo.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, aseguró que la Xunta se dio cuenta «de que lo que pedía el Gobierno de España era necesario y preceptivo» desde el punto de vista jurídico. En este sentido, indicó que era necesaria esta acción de la Xunta, «pues el Estatuto de Autonomía de Galicia establece que tiene competencias exclusivas en la zona en la que, además, tiene concesiones. La Abogacía del Estado expuso esta situación en un encuentro celebrado hace 14 días», dijo. «Sí o sí, esta inversión que va a realizar el Gobierno de España será una realidad», añadió.