La Audiencia Nacional deberá decidir sobre la legalidad del estudio de Fomento
01 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El conflicto por el peaje de Pastoriza llegará a la Audiencia Nacional. Así lo aprobó ayer el pleno de Arteixo por unanimidad.
El origen de la problemática se remonta al año 2014, cuando el Ministerio de Fomento anunció la construcción de una carretera convencional de 2,9 kilómetros de longitud para enlazar el acceso al puerto de Langosteira y la tercera ronda. Ante la noticia, el Concello de Arteixo expuso a la Administración central la opción de destinar los fondos previstos para esa obra a la eliminación del peaje de Pastoriza, localizado en la AG-55 entre A Coruña y Arteixo. Una solicitud que no ha tenido éxito.
La desestimación por parte de Fomento del recurso municipal el pasado mes de abril, ha reabierto la guerra entre ambas Administraciones. En el documento, el ejecutivo municipal defendía la denominada alternativa 0, o lo que es lo mismo la eliminación de las casetas de pago mediante el abono de 22,3 millones a la empresa concesionaria del peaje, mientras que la propuesta de Fomento, la alternativa 3, es decir la construcción del nuevo vial, supondría el desembolso de 27, 3 millones de euros. Un punto en el que ambos Gobiernos también difieren, ya que según el Ejecutivo central el coste de eliminar la barrera asciende «a 61,4 millones».
Asimismo, el Concello arteixán considera que la postura de Fomento supone un perjuicio para el municipio, ya que conllevaría la inutilización de los dos carriles de conexión con la autopista de peaje construidos durante las obras del Puerto Exterior. Una obra que, afirman, no estaba prevista en el proyecto inicial y que supuso un coste «de 22 millones». Por su parte, desde el ministerio exponen que sí es cierto que se realizó un modificado presupuestario, pero que el objeto del mismo no fue la inclusión de la construcción de los dos carriles que «ya estaban previstos en el Proyecto». Asimismo, aclaran que el importe añadido «fue de 3 millones de euros y no de 22».
Por otro lado, además de por razones económicas, el Gobierno municipal defiende su decisión de denunciar a Fomento ante la Audiencia Nacional por «la nulidad de las conclusiones del estudio informativo» por el cual la Administración desechó la eliminación del peaje, mientras que desde el ejecutivo central defienden la «completa legalidad» y la «viabilidad» del informe.
Casi cuatro años de lucha para intentar conseguir la gratuidad de la AG-55
En el 2014 Fomento anunció a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) su intención de construir una carretera de enlace entre el puerto de Langosteira, un tramo que en esa fecha todavía estaba en obras, y la tercera ronda.
Un año después, el Concello de Arteixo presentó sus alegaciones contra el proyecto del Gobierno central y propuso como alternativa asumir ese coste. Con ese objetivo, elaboró un estudio cuantificando el coste de la eliminación de la barrera, pero Fomento lo desestimó en el 2016. Tras la noticia, los grupos municipales que forman el Ayuntamiento, dejaron de lado sus diferencias y aprobaron una declaración para rechazar la decisión de la Administración de construir la prolongación en vez de suprimir el pago.
Una vez inaugurado el acceso a Langosteira, y después de que Fomento, Xunta y Autoestradas firmasen un convenio que obliga al Gobierno central a indemnizar a la empresa por cada vehículo que vaya a Langosteira, el alcalde del municipio, Carlos Calvelo, anunció que iría todos los días por la nueva autovía como protesta y animó a los vecinos a imitarlo. De hecho, el ejecutivo local convocó una manifestación que contó con la participación de 250 vehículos.
El último capítulo del conflicto corresponde a la desestimación de Fomento del recurso presentado por el gobierno municipal como consecuencia de la aprobación definitiva en el 2017 del proyecto para la nueva conexión.