Los técnicos abren la puerta a que la oposición cambie los presupuestos

La Marea Atlántica puede volver a encontrarse con el presupuesto que no quiere, como el año pasado. Gobierna A Coruña con diez concejales y la oposición está formada por el PP, que suma otros diez ; el PSOE, con seis actas, y una única concejala del BNG. Es decir, la Marea gobierna en minoría y necesita el respaldo de los socialistas o los populares para alcanzar la mayoría absoluta. Es así desde hace casi dos años, pero la Marea no tiene ningún aliado firme en la oposición, y ha cortado todos los lazos con los socialistas, que apoyaron la investidura de su candidato a la alcaldía, Xulio Ferreiro, que el pasado mes de febrero se sometió a una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos sin el apoyo de la mayoría del pleno.

Convocó la cuestión de confianza después de que su partido rompiese de forma unilateral el preacuerdo que habían alcanzado con los socialistas, y contra el consejo de estos, que junto al PP le quitaron la confianza del pleno en la sesión del 4 de febrero.

Desde entonces, el gobierno local no ha movido ficha para construir alianzas con los demás grupos. De hecho, tras aquella sesión el alcalde acusó al PSOE de bloquear el Ayuntamiento -los socialistas insistían en que estaban dispuestos a volver al acuerdo- y planteó que la solución pasaba porque «a cidadanía esixa ao PSOE que se sitúe onde os votantes socialistas queren que estea».

A esas alturas, el gobierno local estaba seguro de que la oposición no lanzaría una moción de censura, que era la única vía para evitar la aprobación automática de los presupuestos después de que el alcalde perdiese la confianza del pleno, y contaba con que la oposición no lograría presentar reclamaciones validas para cambiar las cuentas, ya que en esta fase están limitadas por la ley a cuestiones técnicas.

Intervención abre la puerta

El problema para las pretensiones de la Marea es que tanto el PP como el PSOE han conseguido plantear alegaciones que, según el informe del interventor, como mínimo «pueden resultar más dudosas en cuanto a su estimación o desestimación». Por lo tanto, la decisión final será de la comisión de Facenda y del pleno extraordinario que debatirá la aprobación definitiva del texto, que todavía no tiene fecha.

Esta situación ya había sido prevista por el BNG, cuya portavoz, Avia Veira, advirtió al gobierno local que negociase tras la cuestión de confianza, ya que arriesgaba el futuro del texto.

Antes de llegar al pleno de febrero, la Marea solo había logrado llegar a un acuerdo con los nacionalistas, pero incluso ellos están dando muestras de perder la paciencia. Veira exigió el martes al ejecutivo que tramite de inmediato los cambios que se comprometió a hacer para incluir sus proyectos, y se preguntó por qué ha tardado tres semanas en resolver las alegaciones a las cuentas.

Alegaciones del PP y el PSOE

Las alegaciones de socialistas y populares suman más de 11 millones de euros, y solo saldrán adelante con el apoyo de la Marea o si se respaldan entre ellos. El PP quiere eliminar una aportación de cuatro millones de euros de Emalcsa al Ayuntamiento, dedicar 400.000 euros para garantizar el pago del servicio de bibliotecas -que el gobierno local iba a municipalizar hace meses y sigue pendiente- y destinar 800.025 euros a convenios con entidades sociales, culturales y deportivas. Esa es la única alegación rechazada por el interventor, ya que no encaja con los preceptos que marca la normativa.

El PSOE propone reducir en 4,25 millones las previsiones de ingresos por IBI y otros impuestos, de acuerdo a las cifras recaudadas en otros ejercicios; y destinar 1,63 millones al pago de los bonobuses de Tranvías. El gobierno local solo ha aceptado esa última alegación, que el interventor considera correcta por existir una insuficiencia de fondos para ese servicio. Las demás, dependerán del pleno.

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