La falta de un inversor, la ausencia de actividad, las deudas y la obligación de pagar el canon antes de fin de año al Ministerio de Defensa asfixian a la concesionaria
16 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.«Con esta moderna tecnología, la fábrica de A Coruña tiene un buen futuro y contribuye a que España sea uno de los países más importantes en Europa para General Dynamics». Esto aseguraba el presidente de la multinacional, Nicholas Chabraja, cuando hace ocho años visitaba las instalaciones de Palavea. El tiempo no le dio la razón sobre todo porque fue su empresa la que cerró las instalaciones y despidió a la plantilla solo un lustro después de tales afirmaciones. Ocurrió en el 2013 y un grupo de trabajadores se movilizó entonces hasta lograr que la maquinara, alguna especialmente valiosa, no fuera vendida como chatarra sino que se quedase en la fábrica. Estos empleados se encerraron en su lugar de trabajo y solo salieron cuando el Ministerio de Defensa se comprometió a sacar a concurso la concesión de las dependencias. Fue entonces, hace ahora tres años, cuando Hércules de Armamento se hizo cargo de las instalaciones con la intención de poner en marcha de nuevo la producción. Un cúmulo de circunstancias han hecho que a día de hoy la fábrica de armas esté agonizando: falta de inversores, de carga de trabajo, deudas... Lo deseable sería que volvieran a fallar las augurios.
Financiación
A la espera de un socio. Habían transcurrido pocos meses desde que Hércules de Armamento se hiciera cargo de la concesión cuando sus dos principales impulsores, Juan José Gómez y Ramón Mejuto, tuvieron un enfrentamiento. El conflicto acabó en los juzgados y con el primero de ellos abandonando el proyecto. El 30 de noviembre del 2015, Mejuto, director de la fábrica, comparecía ante los medios de comunicación, respaldado por todos los trabajadores, para denunciar «unha persecución» contra la empresa y pedir «que nos deixen traballar tranquilos». También se quejaba de las trabas con las que se estaban encontrado a la hora de lograr financiación para el proyecto y aseguraba que la imagen de los extrabajadores acampados en la puerta de la fábrica les había perjudicado hasta el punto de perder a cuatro inversores. Desde entonces, la búsqueda de un socio inversor fue, y sigue siendo, el principal objetivo.
Plantilla
De 155 a varias decenas. Entre las condiciones que figuran en la concesión del Ministerio de Defensa está que Hércules de Armamento debería tener una plantilla de 155 trabajadores. Hace ahora dos años, Mejuto reconocía que de todos esos contratados solo 45 estaban a jornada completa y asumía las dificultades para pagar las nóminas. Estos problemas financieros se mantienen y han ido reduciendo a unas decenas los empleados de Pedralonga.
Impagos
Baile en el servicio de vigilancia. El impago fue precisamente la causa de que la empresa de vigilancia Segur Ibérica abandonase su labor en la fábrica en noviembre del 2015. Esto suponía que, al carecer de vigilantes acreditados, no podían fabricar armas. De todos modos, en el sector consideraban que la repercusión de esa medida era mínima, dado que no habían empezado a hacer armamento. Después de unos meses con los propios trabajadores realizando las labores de vigilancia, se restableció el servicio de seguridad, con lo que los gestores volvieron a pedir permiso para fabricar armas. La paz duró poco, ya que el pasado mes de octubre, tras unos días de paros, la nueva empresa también dejó esta tarea.
Pago del canon
Defensa decidirá. A la acumulación de deudas que arrastra Hércules de Armamento, sobre todo porque los ingresos procedentes de la producción son casi simbólicos, se sumará el pago del canon anual al Ministerio de Defensa al que deberá hacer frente antes de fin de año. Esta cantidad, unos 250.000 euros, es como el precio del alquiler de las instalaciones y el impago del mismo podría suponer que el Ministerio de Defensa decida la suspensión de la concesión. Esto es algo que, según fuentes del sector, desde el ministerio se trata de evitar y por ello hace un tiempo hubo un intento de que el director de la fábrica abandonara el proyecto. Hasta ahora, Hércules de Armamento había abonado este canon con las cantidades que había depositado en el momento de hacerse cargo de la concesión.
Otros
Trubia resurge y Palencia adjudicación directa. Cuando cerró la fábrica de armas de A Coruña otras como las de Trubia despidieron a parte de la plantilla y la de Palencia fue adjudicada directamente a la noruega Nammo. En la primera de ellas, a finales del año pasado se reincorporaron una decena de trabajadores con el fin de hacer frente a la carga de pedidos que ha vuelto a tener la fábrica, todo lo contrario de lo que ocurre en Pedralonga.
«Os xulgados do social acaban de declarar en diferentes sentencias a total insolvencia»
En los últimos meses, la situación de la fábrica de armas ha movilizado a los actuales empleados de la factoría, demandando el apoyo de las Administraciones, al mismo tiempo que continúan las concentraciones del grupo de extrabajadores que en su día se encerraron en las instalaciones para evitar el cese de la producción.
Antiguo comité
«Un proxecto sen contido industrial». Los extrabajadores, que encabeza Roberto Teijido como presidente del antiguo comité de empresa, recordaban en el comunicado en el que anunciaban su habitual concentración de los viernes ante la Delegación del Gobierno «as nosas denuncias sobre que Hércules de Armamento era un bluf e un proxecto sen contido social». Esto es algo, según el colectivo vinculado al sindicato UGT, que está siendo ratificado por el hecho de que «Hércules de Armamento non paga a Seguridade Social, nin a Facenda Pública, nin o canon de arrendamento das instalacións». Además, «os xulgados do social acaban de declarar en diferentes sentencias a total insolvencia da mesma».
Incumplimientos
Críticas a las administraciones. Este colectivo de extrabajadores argumenta: «Nos preguntamos quen e qué está a avalar desde as Administracións unha situación ilegal, que está claro que ten intereses no inconfesables cara aos cidadáns». En este sentido, sostienen que ellos cumplieron lo pactado con Defensa al abandonar la fábrica para que se convocara el concurso e insisten en pedir al delegado del Gobierno que atienda las denuncias que han presentado.