Hay movilizaciones, servicios millonarios sin contrato, y varias sentencias contra nombramientos de cargos municipales
19 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Al llegar a la alcaldía, Xulio Ferreiro afirmó que contarían con los funcionarios. Eso no ha impedido que, transcurridos menos de tres años de mandato, su gobierno acumule conflictos con la plantilla municipal, con la de otras Administraciones, e incluso con sus colaboradores, al cesar a su jefe de prensa mientras estaba de baja tras una operación.
Ataques verbales
De los orcos al boicot. En abril del 2016, el jefe de gabinete del alcalde, Iago Martínez, aseguró que en la plantilla municipal había «orcos», en referencia a supuestos funcionarios hostiles a la Marea. Fue reprobado por el pleno. En febrero del 2017, el edil de Rexeneración Urbana aseguró que algunos promotores inmobiliarios estaban acostumbrados al «traballo directo con certos funcionarios que eran máis permisivos», y aseguró que en el Ayuntamiento hubo años de «manga ancha». Sus palabras fueron criticadas por toda la oposición y la plantilla. La semana pasada, el alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró que algunos funcionarios le contaron bajo cuerda que la Xunta daba instrucciones para ralentizar proyectos en A Coruña, y aseguró que ellos nunca habían dado una orden similar a los funcionarios coruñeses. Luego dijo que se refería a cargos directivos, no a la plantilla, pero tanto la oposición como el sindicato CSIF le han exigido que rectifique lo que consideran una «grave acusación». No lo ha hecho.
Sentencias judiciales
Nombramientos anulados. Los tribunales de Justicia han dictado cuatro sentencias que anulan los nombramientos por libre designación de tres de los cinco jefes de servicio del área de Urbanismo. El gobierno local las ha recurrido, pero además del problema judicial, los nombramientos han creado descontento en la plantilla, ya que lejos de recurrir a funcionarios municipales los trajo en otras Administraciones. Para los fichajes se utilizó la libre designación, que Esquerda Unida -hoy fundida en la Marea- describía en el anterior mandato como un mecanismo para nombrar «a dedo».
Sin remunicipalizaciones
Bibliotecas en pie de guerra. El programa de la Marea prometía la municipalización de servicios, pero no se ha hecho ninguna. Ni la ORA, ni el socorrismo en las playas, ni las bibliotecas. Ese fue el caso más sonado. En junio del 2016 el gobierno local anunció que estarían remunicipalizadas en noviembre de ese año. No fue así y a finales del año pasado su gestión volvió a ser entregada a una empresa privada a la espera de nuevos informes. La plantilla del servicio ha sido muy crítica con el gobierno local, al que han acusado de poner en riesgo sus puestos de trabajo.
Servicios sin contrato
Cientos de empleos en el aire. El servicio de recogida de basuras está sin contrato regulador desde enero del 2017. El de limpieza viaria finalizará a mediados de este año. Son los dos servicios más caros del Ayuntamiento, más de 20 millones de euros anuales, y de ellos dependen cerca de 400 trabajadores. La plantilla está muy inquieta por su futuro, ya que el gobierno local -a pesar del tiempo transcurrido- no ha tramitado los nuevos pliegos y temen que haya despidos masivos. En verano del año pasado amagaron con una huelga que no se materializó. Pero el conflicto sigue latente y podría estallar antes de las elecciones.
Designaciones recurridas
La denuncia del extesorero. El anterior tesorero municipal, Vicente Calvo, ha presentado un recurso por «arbitrariedad y desviación de poder» contra el concurso que se hizo para adjudicar de forma definitiva ese puesto. Lo ganó la extesorera de Ourense, que tiene 11 años menos de experiencia y nunca había trabajado con anterioridad en María Pita. Calvo afirma que se hicieron modificaciones en las bases iniciales del concurso con el «ánimo de adjudicar el puesto a una persona determinada».
Conflictos laborales
Cuidadoras y policías. La Policía Local endurece las movilizaciones para exigir la reclasificación de la plantilla, paralizada desde el 2012. El gobierno local está buscando vías jurídicas para aplicar ese acuerdo, que costaría unos 800.000 euros a las arcas municipales, pero el anterior gobierno del PP solicitó informes al Ministerio de Hacienda y a la FEMP que concluyeron que no era posible hacerlo. La portavoz del PP, Rosa Gallego, ha exigido al gobierno que deje de «engañar» a los policías a ese respecto. La plantilla de agentes está cada vez más molesta y ya usó petardos en su última protesta.
No es el único conflicto abierto en los servicios municipales. Las trabajadoras de Clece, gestora del servicio municipal de atención en el hogar, siguen manifestándose por los incumplimientos laborales de la empresa. En estos años hubo otras protestas, como las del personal de museos científicos o incluso de las limpiadoras del Ayuntamiento, que en abril habrían perdido el 10 % de su salario si se hubiese aplicado el contrato que el gobierno local licitó en un primer momento, antes de que se movilizasen.
Choques con sindicatos
La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento aprobada junto al presupuesto de este año recibió 139 alegaciones de los sindicatos, de las que solo se aceptaron ocho completas y 23 de forma parcial. El texto fue recurrido por la CIG, que lamenta que no se cumplieron las expectativas que se habían abierto. Además, el anterior presidente de la junta de personal, Roberto Tizón, y otros dos cargos de ese sindicato dimitieron el pasado mes de diciembre por desacuerdos con los criterios para repartir las ayudas sociales del Ayuntamiento.