Indignación de los funcionarios después de que la Marea les endose el fiasco de los pisos
A CORUÑA CIUDAD
El personal habla de «caza de bruxas» y de «otro intento de buscar un cabeza de turco»
14 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«Ya es la cuarta vez, la gente está cansada porque no puede confiar en el político», decía ayer un funcionario municipal acerca de la mezcla de indignación y hastío que siente la plantilla tras lo que muchos consideran «otro intento de buscar un cabeza de turco». Así entienden las palabras del concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que el miércoles afirmó que la responsabilidad de que el Consello Consultivo anulase la compra de dos inmuebles a un afín de la Marea es «funcionarial, de procedemento». Varela añadió que, por lo tanto, su responsabilidad se limita a que «o próximo concurso de compra de vivenda sexa exitoso e non sufra dos erros desta primeira convocatoria». En la misma rueda de prensa, el concejal reveló que la jefa de servicio de Rehabilitación e Vivenda, Natalia Codesal, había presentado su dimisión, que fue aceptada tanto por el edil como por el alcalde.
Codesal, que fue la presidenta de la comisión que valoró los inmuebles presentados al polémico concurso de compra de vivienda, era la única jefa de servicio que respondía ante un concejal, en vez de ante un director de área.
Pese a la indignación y el cansancio de la plantilla, la junta de personal del Ayuntamiento no entró ayer en el asunto. Sí lo hizo el sindicato UGT, que mostró su «profundo malestar» por las palabras del concejal, y exigió una «rectificación pública» porque «non é a primeira vez» que el gobierno de la Marea cuestiona el trabajo de los funcionarios.
La central describió las declaraciones del edil como una política de «balóns fora» y advirtió que estarán vigilantes para evitar una «caza de bruxas». Finalmente, insistieron en que todos deben asumir sus responsabilidades y señalaron que las «decisións políticas que poden ser cuestionables non poden ser disfrazadas de mala praxe laboral».
Numerosos funcionarios se manifestaron ayer en una línea similar, admitiendo que en el expediente se pudieron producir «errores» en el concurso, pero insisten en que la dirección política también tiene responsabilidad porque «son los que tienen la última decisión», o porque «condicionan» los procedimientos con sus «prisas» o de acuerdo a la «importancia política» y «electoral» de los asuntos. Otros, más veteranos, insisten en el «fuerte enfado» que hay con parte del gobierno por la «excesiva presión» de algunos concejales y del personal de confianza, aunque esas quejas nunca han trascendido a la vía oficial.
Además de UGT, también la CIG se refirió a la tendencia a responsabilizar a los funcionarios de los problemas: «Non é novo na Marea, tamén o facían os anteriores, pero pensabamos que coa Marea sería distinto».
La memoria de esos conflictos previos está muy viva entre los trabajadores, que recuerdan que el jefe de gabinete del alcalde se refirió al menos a parte de los funcionarios como «orcos» durante un acto en Barcelona, que el propio Varela puso en duda «la profesionalidad del personal del Urbanismo» cuando había problemas con las licencias, o que se les intentó endosar el fracaso en la primera convocatoria de los fondos europeos Eidus.
Feijoo habla de sarcasmo
Preguntado ayer sobre la dimisión de la jefa de servicio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, afirmó que «hacer responsable a un funcionario por comprar pisos de forma ilegal a militantes de las mareas de A Coruña es un sarcasmo» que «acredita la política de vivienda del gobierno [de Xulio Ferreiro]», que defiende a Stop Desahucios en la oposición y practica el «amiguismo» cuando gobierna.
DOCUMENTACIÓN
Una singular carta que niega injerencias políticas
El 20 de febrero, cuando se empezaron a conocer las irregularidades, cinco de los seis integrantes de la comisión que valoró los pisos firmaron una carta en la que decían que «en ningún momento» habían sufrido «injerencia política» ni de ningún otro tipo, e insistían en que «en ningún momento» participaron en las deliberaciones responsables políticos ni personal eventual. La carta, que sorprendió a muchos funcionarios por ser la primera en su especie pese a las numerosas polémicas que sacuden el Ayuntamiento desde hace años, ha sido recordada varias veces por el gobierno local para negar su posible responsabilidad en el caso.
Toda la oposición exige que dimitan Varela y Lema, y el PP irá al juzgado
La oposición salió ayer en tromba para exigir responsabilidades al gobierno local por el caso de los pisos. El más contundente fue el PP. Su portavoz, Rosa Gallego, calificó de «bochornoso» y «vergonzante» que el gobierno local responsabilice a una funcionaria.
Por ello, Gallego anunció que su partido convocará un pleno extraordinario en el que exigirán que se retiren todas las competencias a los ediles implicados en el concurso de compra de viviendas: Xiao Varela y Alberto Lema.
La portavoz del PP también anunció que llevarán lo ocurrido a los tribunales con el fin de que se depuren responsabilidades por la vía penal. Gallego apuntó además directamente al alcalde, Xulio Ferreiro, recordó que es «profesor de Derecho» y que por tanto «no puede decir que desconocía» la importancia de las irregularidades y que había causas de nulidad. «Ha intentado justificar lo injustificable», señaló. Finalmente, reivindicó el papel de su partido a la hora de denunciar el «escándalo», y recordó que fue su grupo el que convocó otro pleno extraordinario en el que forzó que las dos viviendas del afín, y no solo una como quería el gobierno local, fuesen al Consello Consultivo.
Los socialistas, por boca del concejal José Manuel Dapena, y su secretaria general, Eva Martínez, reclamaron la dimisión de los dos concejales de la Marea. Dapena recordó las múltiples irregularidades que a su juicio se cometieron en el concurso y denunció las «maniobras de ocultación y los insultos» dirigidos a los ediles y los medios que las denunciaron. Desde su punto de vista, para explicar esa forma de actuar «es relevante» que el vendedor de las dos propiedades sea un firmante de la Marea, y señaló que los errores en esa situación son aún más llamativos: «Parece mentira que Lema no tomase la mínima precaución».
Por su parte, la portavoz del BNG, Avia Veira, calificó de «inxusto» que únicamente haya dimitido una funcionaria cuando «quen asigna a resolución do concurso é o señor Varela (...) e quen aproba a adquisición e autoriza os actos de compravenda, que o Consello Consultivo declara nulo, e o señor Lema». A la vista de lo ocurrido, Veira exigió a la Marea que «se faga cargo da asunción de responsabilidades, da ética e da radicalidade democrática que tanto propugnou».
El afín a la Marea valora reclamar por daño moral si tiene que devolver el dinero
La junta de gobierno se reúne de urgencia para remitir otros tres casos al Consultivo para que estime si deben ser anulados
E. Eiroa
Toni Lodeiro Zas, firmante del manifiesto de la Marea, tendrá que devolver los casi 145.000 euros que le pago el Ayuntamiento por la compra irregular de dos pisos de su propiedad. Lodeiro declinó ayer hacer cualquier declaración para este periódico. No obstante, su representante legal, David Rodríguez, no descartaba solicitar daños y perjuicios, y recordaba que en un asunto así e es algo que contempla la ley. Rodríguez, que presentó alegaciones en su día a la propuesta de anulación de la compra, discrepa de la argumentación del Consultivo. «Las bases no eran muy concretas, había cláusulas que no eran claras, es muy discutible lo que dice», apunta el letrado, que todavía no ha tenido acceso a los dictámenes, que deberá estudiar, dice, antes de dar el próximo paso.
Al menos la mitad de las compras del concurso quedarán anuladas por irregularidades Ese paso se definía ya en las alegaciones presentadas en su día, en las que anunciaba que si se anulaba la compra de los pisos la de la calle Joaquín Martín Martínez y la de la calle Santander, solicitaría que se resarza el «dano moral e para a imaxe pública que supuxo a incoación do presente expediente de revisión de oficio no que, á marxe da corrección da adquisición dos inmobles, estase a poñer en dúbida a integridade do meu representado», decía el escrito.
Dos de los seis pisos que compró el Ayuntamiento en su plan de viviendas sociales pertenecían a Lodeiro Zas. Lodeiro fue una persona activa en la formación de la Marea y llegó a participar en algún acto con el concejal de A Coruña Alberto Lema. Desde el 2015 hace labores de consultoría para el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado desde esa fecha por Ada Colau.
El concejal Xiao Varela insistió el miércoles en que ninguna decisión del concurso se tomó atendiendo a criterios personales. EL PP acusó al gobierno local de favorecer a sus amigos.
Más casos a examen
Por otra parte, la Marea llevará hoy a una junta de gobierno extraordinaria y urgente todos los expedientes relacionados con el caso. Allí se dará cuenta de la decisión del Consultivo que obliga a anular la compra en la calle Joaquín Martín Martínez, local que se compró pese a que no tenía la altura suficiente para ser vivienda.
También está previsto que se apruebe remitir al Consultivo una propuesta para cumplir con su dictamen que ordena anular la compra de la calle Santander, que no tenía las ventanas a la calle que determinaban las bases.
Además se remitirán propuestas al Consultivo para anular otras tres compras. Por un lado, la de un piso de la calle Barrera que tampoco cuenta con ventanas a la calle. Los otros dos, en las calles Fe y Almirante Mourelle, serán enviados a revisión porque el titular registral y el propietario no eran los mismos en el momento de presentar la solicitud de venta, motivo por el que también podrían ser anulada las operaciones. El gobierno local defendió durante meses que todo era legal y no había errores. Finalmente, solo queda un piso sin dudas.
las otras viviendas del concurso
Calle Barrera: con causa de nulidad
Por un piso en la calle Barrera el Ayuntamiento pagó 69.230 euros. Tras anular el Consultivo la compra de la calle Santander, el gobierno local entiende ahora que esta debe anularse por el mismo motivo: carece de las ventanas a la calle exigidas. Así se lo propondrá al Consello Consultivo.
Almirante Mourelle: en cuestión
Basándose en la petición del Consultivo de que se revise el resto de expedientes, el gobierno local le remitirá un piso en Almirante Mourelle (51.680 euros) que no cumpliría el requisito de que los propietarios fueran titulares registrales de la vivienda en el momento de la solicitud.
Calle Fe: en cuestión
El piso de la calle Fe tiene idéntico problema que el de Almirante Mourelle. El propietario y el titular registral no coincidían cuando se presentó la solicitud de venta. El gobierno local pedirá al Consultivo que decida si existe o no causa de nulidad, pues entienden ahora que podría haberla.
Agra de Bragua: aprobada
El único piso de todo el plan de vivienda municipal que cumpliría sin dudas con todos los requisitos es uno comprado por 64.672 euros en la calle Agra de Bragua, detrás del Ventorrillo. El plan de adaptación a vivienda social, por tanto, se limitará por ahora únicamente a esa vivienda.
El Ayuntamiento no paga los recibos de la comunidad ni la derrama del ascensor del piso que compró en Someso
La compra del inmueble de la calle Joaquín Martín Martínez se ha convertido en un problema no solo para el gobierno local y para el vendedor, Toni Lodeiro, sino también para el resto de la comunidad de vecinos.
En el bloque de viviendas, el resto de los propietarios -15 en total- había iniciado las gestiones para instalar un ascensor, ya que el edificio carece de ese servicio. Los trabajos previos comenzaron y a cada vecino le correspondió hacer frente a una parte proporcional del gasto. La primera cantidad se afrontó con los fondos que había en la cuenta de la comunidad de vecinos y para la segunda cuota cada uno de ellos aporta 500 euros, o la cantidad completa que les corresponde si lo desean, explican fuentes de la propiedad del edificio.
El Ayuntamiento, dueño de la vivienda desde el mes de enero tras la compra ahora anulada, no hizo frente al abono de la parte que le corresponde como actual dueño del local. El consistorio, además, es el único inquilino moroso con la comunidad, ya que tampoco abona las cuotas que le corresponden a cada residente. Los vecinos aportan 360 euros al año para los gastos comunes, cantidad distribuida en mensualidades. Desde el mes de enero María Pita no ingresó ninguna cuota, confirman fuentes de esa comunidad que se identificaron ante este medio pero que prefieren no revelar públicamente su identidad.
Pocos recursos
El Ayuntamiento, indican las mismas fuentes, no solo no paga la parte que le corresponde, sino que tampoco responde a las llamadas y correos electrónicos remitidos por los otros residentes para requerirles la parte que les corresponde.
«No somos personas de muchos recursos y esto hay que pagarlo», lamentaba ayer una de las vecinas que vive en el bloque de la calle Joaquín Martín Martínez, en Someso.
El consistorio había rechazado 29 ofertas porque no cumplían las bases
Al concurso convocado por el gobierno local para aumentar el parque de viviendas sociales del Ayuntamiento se presentaron 35 ofertas en distintas zonas de la ciudad. En la criba previa se rechazaron 29 porque no cumplían con los requisitos exigidos. Muchas estaban fuera de ordenación o en polígonos, los sobres estaban abiertos o faltaba documentación. Solo seis pasaron porque en teoría cumplían, si bien finalmente solo hay una fuera de dudas. El plan consistía en adquirir a bajo precio inmuebles para rehabilitar. El más caro de todos ellos fue el de la calle Santander, por el que se pagaron 91.260 euros. El más barato fue el de la calle Fe (51.480 euros).