El gobierno local culpa a la herencia y la oposición alerta de las consecuencias

La Marea empleó el sistema discrecional para nombrar a una decena de jefes de servicio, seis de ellos afectados por el fallo


A Coruña / La Voz

El problema de las comisiones de servicio y adscripciones provisionales afecta a cerca del 14 % de la plantilla municipal. El nombramiento de funcionarios para ocupar determinadas plazas mediante ese sistema es legal, siempre que se haga en situaciones «urgentes y de inaplazable necesidad». Los sucesivos gobiernos locales han recurrido a esa figura, y no a los concursos, para cubrir puestos con mayor discrecionalidad que en los concursos abiertos, facilitando así, sin recurrir a la libre designación, que personas de la confianza de un partido ocupe un puesto determinado. La ley indica que el tiempo máximo en esa situación es de dos años, pero esa cifra se rebasa ampliamente en A Coruña y se dan casos, también en el actual mandato, en que se cesa a un funcionario pasados los dos años y se vuelve a nombrar en comisión de servicios al día siguiente. 

Marea

Tres años de gestiones. Según el gobierno local (Marea), lo que acontece en A Coruña es una «situación de temporalidade herdada dos gobernos anteriores» que no convocaron concursos. Frente a eso, dicen, ellos llevan tres años trabajando para convocar uno, enviado ya al DOG, que permita regularizar el cuadro laboral municipal. «Xa estamos poñendo solución aos problemas que evidencia esta sentenza». Indican además que están consensuando ya una segunda fase del concurso para regularizar todas las plazas, 227, entre comisiones y otros puestos provisionales. La Marea recuerda que «moitos casos veñen de mandatos anteriores» y que cuando ellos lo aplicaron en el actual más allá del límite legal fue «para evitar un cesamento en cascada que podería poñer en risco o normal funcionamento dos servizos municipais». Durante este mandato el gobierno local designó por ese método seis jefaturas de servicio afectadas por la sentencia, además de otras cuatro que aún no han vencido. Otros puestos se han cubierto recurriendo al mismo sistema.

PP

Incapacidad. «Estamos ante la constatación de la falta de capacidad de este Ayuntamiento y de la gestión ineficaz, sin precedentes, en esta Administración. En esta ocasión hablamos de su política de personal que se encuentra judicializada en varios frentes, incluida la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), también recurrida. Este gobierno, que publicitó que iba a remunicipalizar todo y acabar con la temporalidad, lo que ha hecho es nada en el primer punto y ha incrementado lo segundo a través de la incorporación de personas de otras Administraciones en comisión de servicio y sin convocar plazas», dicen desde el PP, y aseguran que «este gobierno sigue con su táctica de no gobernar y dejar los problemas al siguiente». 

PSOE

Un problema mayúsculo. El portavoz del PSOE, José Manuel García, apuntó que espera a la resolución de la apelación para aportar una valoración definitiva. Con todo, destacó que se abre «un problema mayúsculo» para el Ayuntamiento y un «drama para muchos funcionarios afectados además de la posible repercusión en el funcionamiento cotidiano» de la institución. García entiende que «la sentencia es contundente» y cree que podría suponer una «crisis» tener que prescindir de un número tan elevado de funcionarios en puestos relevantes. 

BNG

Política continuista. Según el BNG, lo sucedido responde a que la Marea practicó una política continuista en materia de personal, heredando prácticas torticeras, dicen, del anterior gobierno local del PP. El caso, explica Avia Veira, la portavoz, es similar a los de las sentencias que anulan jefaturas de servicio nombradas por la Marea, y cree que la convocatoria del concurso de traslados «é unha escusa e unha reacción provocada polas denuncias deste mal facer»

Junta de personal

Interinos en vilo. El presidente de la junta de personal, Manuel Aceña, recuerda que el problema se arrastra desde hace años. «La actual concejala -Eugenia Vieito- se ha implicado en resolverlo, pero pese a ello las comisiones han seguido aumentando». Cree «desconcertante» que la CIG denunciase justo ahora el asunto, «cuando estaba en vías de solución». En su opinión, la aplicación de la sentencia generaría un movimiento caótico en cascada de reposición de funcionarios en sus antiguos puestos, muchos de los cuales están hoy ocupados por interinos que se quedarían sin trabajo mientras quedarían vacantes en puestos clave. 

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