Las comisiones de servicio, una máscara para la arbitrariedad

Su discrecionalidad ha causado críticas, pero los partidos las justifican en privado por la necesidad de tener cargos fiables


a Coruña / La Voz

Unos 200 funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña ocupan su puesto mediante una comisión de servicio. Se trata del 14 % de la plantilla municipal, un porcentaje que evidencia el abuso que se ha hecho en María Pita de esa figura, perfectamente legal, pero planteada para cubrir situaciones extraordinarias y de urgente necesidad en la Administración. 

¿Desde cuándo hay quejas por el abuso de las comisiones de servicio?

Desde siempre. El sindicato que acudió al juzgado por las irregularidades, la CIG, señala que ya se utilizaban mal en tiempos de Francisco Vázquez. Pero la central y el presidente de la junta de personal, Manuel Aceña, del CSIF, coinciden en que en este mandato han seguido aumentando. Las cifras que maneja la CIG indican que en el actual mandato se concedieron 77, a las que hay que sumar ocho del último mes, mientras que en todo el anterior mandato se otorgaron 72. El sindicato también critica que el actual gobierno local ha renovado las que recibió de sus predecesores, ya que a los dos años tendría que haberlas terminado, y por acción u omisión no lo hizo. 

¿Por qué se critica ese mecanismo?

Los sindicatos no critican el sistema en sí, sino el uso que se hace de él. La principal crítica es que permite hacer los nombramientos de forma discrecional, sin necesidad de que el funcionario pase por prueba alguna de selección. Además, se puede emplear para fichar a funcionarios de otras Administraciones -normalmente para los puestos de más responsabilidad y mejor remunerados-, lo que suele provocar quejas entre los funcionarios «de la casa», que por una decisión política ven frustrada su oportunidad de hacer carrera. 

¿Por qué los políticos recurren a ese sistema?

Por supuesto, parte de las comisiones se otorgan de manera motivada con el fin para el que fueron planteadas: suplir necesidades urgentes de la Administración. El problema es que esas situaciones a veces se prolongan más de lo que permite la ley sin que se convoque un procedimiento reglado para otorgar las plazas. Esa podría ser la explicación de que haya cinco altos cargos de los centros sociales que están en comisión de servicio desde hace un decenio.

Pero la discrecionalidad de los nombramientos en comisión de servicio también ofrece a los responsables políticos la posibilidad de situar al funcionario que quieran en un puesto determinado.

Esa circunstancia suele relacionarse con el «enchufismo», pero en privado todos los partidos justifican hasta cierto punto la necesidad de contar con personas «de confianza» en los puestos claves de la Administración, como las jefaturas de servicio.

Claro que los funcionarios perjudicados son mucho menos comprensivos con esa necesidad, sobre todo desde que la ley autoriza el nombramiento de directores de área -el actual gobierno tiene nueve, uno más que el PP-. Esos cargos se nombran de forma totalmente discrecional, pueden proceder de otras Administraciones, y se sitúan un peldaño por encima -tanto en materia salarial como jerárquica- de los jefes de servicio. Por lo tanto, la mayoría de los funcionarios considera que la necesidad de un mando político dentro del propio aparato administrativo ya queda cubierta con esos cargos. 

¿Por qué aumentaron las comisiones durante los últimos mandatos?

Entre otras causas, la supuesta necesidad de contar con personal «de confianza» en puestos elevados ayuda a entender el aumento. En 28 años de gobiernos socialistas se formaron, inevitablemente, afinidades con parte de la plantilla. El siguiente gobierno del PP no contó con algunos, y movió la plantilla y la aderezó con funcionarios de otras Administraciones utilizando, entre otros sistemas, las comisiones de servicio.

Ese efecto se incrementó con la Marea, que no tenía afinidad ni con los nombrados por el PP ni por la mayor parte de los heredados del bipartito PSOE-BNG. Como consecuencia, aumentaron los desembarcos de personal externo y los bailes en la plantilla. 

¿Es coherente la postura de los partidos políticos?

No. Aunque en privado se muestren comprensivos con esas maniobras, en público todos proclaman su fe incondicional en los funcionarios. De hecho, uno de los ejes de la campaña de la Marea Atlántica fue su rechazo a los nombramientos «a dedo» del PP y su insistencia en que contarían para todo con la plantilla de María Pita. Pero hubo desembarco de personal de otras Administraciones -en ocasiones con cargo político- destinados a los puestos de más responsabilidad. 

La demanda de los funcionarios fue el colofón de un mandato marcado por la tensión

El mandato arrancó con elogios del gobierno local a los funcionarios de María Pita, pero los choques con la plantilla se han sucedido a un ritmo similar o incluso superior al de otros gobiernos.

Hubo polémica cuando el jefe de gabinete del alcalde llamó «orcos» a parte de la plantilla, o cuando el concejal de Rexeneración Urbana habló de funcionarios «permisivos» con los promotores en el área de Urbanismo.

Esos roces verbales dieron paso a movilizaciones en el caso de la Policía Local, en la que se han combinado las reivindicaciones laborales y el disgusto creado por el apoyo del gobierno local a los okupas de la Insumisa, para dar paso a un malestar que podría llegar hasta las elecciones.

El colofón fue la demanda de la CIG por las comisiones de servicio, que los más críticos de la plantilla ven como la ruptura total de las promesas electorales del gobierno, que se comprometió a regularizar la situación de la plantilla y contar con ella.

Más de 50 funcionarios jefes del Ayuntamiento de A Coruña se nombraron a dedo, y la mitad tendrán que ser cesados

Xosé Gago

El actual gobierno local designó a 39, y otros 15 venían de mandatos previos y se les mantuvo

Un total de 54 jefes de servicio, departamento, sección y unidad del Ayuntamiento fueron nombrados en comisión de servicio, un mecanismo que permite a los responsables políticos total discrecionalidad en el nombramiento, por lo que la normativa legal restringe su uso a casos de urgente e inaplazable necesidad y por un plazo máximo de dos años.

Pero en María Pita las comisiones de servicio no son en absoluto excepcionales. Se han empleado de forma habitual, y se ha ignorado el plazo máximo de dos años casi con la misma asiduidad.

Esas irregularidades dieron pie a un recurso judicial del sindicato CIG que fue estimado en su totalidad. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña el pasado 5 de noviembre, ordena al Ayuntamiento el «cese inmediato» de todos lo funcionarios en comisión de servicio que hayan superado el plazo de dos años en esa situación.

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