Al no derribarse el edificio, el demandante renuncia a la piedra angular que sustentaba su litigio, y el Ayuntamiento convierte un símbolo de la prevaricación en inmueble «singular»
09 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Supremo ya dejó muy claro hace tiempo la manifiesta ilegalidad con que se cimentó el edificio de la calle Fernando Macías, erigido sobre el inmueble que un día alumbró la sede de Unión Fenosa. Así que en ese sentido no hay duda de la razón judicial que asiste al demandante, el arquitecto Valentín Souto, que pleitea desde hace más de veinte años en una denodada lucha contra los molinos de la iniquidad y la prevaricación. Esgrimiendo por lanza y escudo justicia y ley, y por bandera la ética, perseveró en la ejecución de la sentencia de derribo con la intención ejemplarizante de que no vuelvan a repetirse irregularidades urbanísticas tan alevosas.
Nada que objetar a su lucha por la legalidad, pero es en su bandera ética donde ondea la paradoja. El demandante acepta un acuerdo entre las partes que supone compensaciones. Unas, de reparación moral, como un protocolo de buenas prácticas urbanísticas municipales o la construcción de viviendas de protección. Otra, de reparación económica, una indemnización millonaria. Pero después de dos décadas de litigio, Souto abraza un pacto que deja fuera precisamente la viga maestra de su quijotesca batalla: la reposición de la legalidad, que, según los tribunales, solo era posible mediante la demolición del edificio. Así, con este acuerdo renuncia a la piedra angular que soportaba su argumentario. «Dediqué un tercio de mi vida a parar una injusticia», decía. Sobrevive el inmueble, cae el castillo moral, pero a un precio: unos cuantos edulcorantes éticos.
Puede aplicarse también la paradoja ética al Ayuntamiento. Tiene razón cuando carga contra los responsables municipales -entonces gobernaba el PSOE- que consintieron esta chapuza urbanística. Pero mientras el gobierno local la convierte en símbolo de prevaricación, al mismo tiempo firma un acuerdo que no solo evita el derribo del símbolo, sino que lo perpetúa como edificio «singular». Ahí quedará, a la vista de todos, porque no hay reparación moral sin espectadores que aleccionar. Es como aquella paradoja clásica que preguntaba: ¿hace ruido un árbol que cae si no hay nadie para escucharlo?
Nada más lejos de mi intención que poner en duda la acertada decisión de no tirar el inmueble, pues solo faltaba que los vecinos, paganos de este embolado, fuesen a quedarse sin pisos. Pero la cuestión es que, si al final todo consistía en medidas ejemplarizantes y una indemnización adecuada, por qué no se planteó de esa manera desde la primera sentencia. Puede que no hubiesen necesitado ni mediador. Ahora cobrará el arquitecto y parece que los residentes, pero ya es paradójico que vayamos a ser los coruñeses los que paguemos este entuerto urbanístico.