Un informe señala al Gobierno central como responsable de las indemnizaciones por el dragado de la ría de O Burgo
A CORUÑA CIUDAD
El documento está elaborado por Luis Míguez Macho, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago
21 jul 2021 . Actualizado a las 12:25 h.El Gobierno central es el responsable de asumir las indemnizaciones a los mariscadores de la ría de O Burgo por las obras de dragado que fueron adjudicadas recientemente. Así lo concluye un informe elaborado por Luis Míguez Macho, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Santiago, a petición de la Consellería do Mar y para cuya elaboración se basó en la Ley de Costas, las competencias administrativas y sentencias judiciales previas.
En sus conclusiones, el catedrático explica la motivación por la que las compensaciones económicas derivadas de la suspensión temporal de la actividad marisquera en la zona afectada por la ejecución del proyecto de dragado ambiental de la ría de O Burgo corresponden al Gobierno central. Para basar su decisión, en primer lugar indica que son unas «obras de interés general de competencia de la Administración general del Estado» y que acarrearán la «indisponibilidad del dominio público marítimo-terrestre para cualquier actividad que resulte incompatible con la realización de las obras».
Esta indisponibilidad es una consecuencia de la aprobación del propio proyecto, una decisión adoptada «en ejercicio de sus competencias exclusivas» sobre este tipo de actuaciones. Mientras, la suspensión de la actividad marisquera durante el dragado procede de la Xunta, pero supone una orden supeditada a la competencia estatal en materia de obras públicas de interés general, además de cuestiones como «el deber constitucional y legal de colaboración entre Administraciones públicas y de la utilidad pública del propio proyecto de la obra». Míguez Macho resuelve que estos aspectos «justifican el sacrificio, en este caso temporal, de los títulos habilitantes para la realización de actividades en el mismo espacio».
«Por consiguiente, las eventuales compensaciones que puedan corresponder a las personas y entidades afectadas por la suspensión de la actividad marisquera durante la ejecución del proyecto de dragado ambiental de la ría de O Burgo son de competencia y responsabilidad exclusiva de la Administración general del Estado», concluye sobre la diferencia de criterio que mantienen Xunta y Gobierno central sobre esta cuestión.
El proyecto de dragado de la ría de O Burgo afectará a 583.337 metros cúbicos de lodos, para lo que se invertirán más de 32 millones de euros y serán necesarios 26 meses para su ejecución. Esta actuación se reclama desde hace 20 años para mejorar la situación de un enclave afectado por la contaminación.