Los abogados españoles se topan con la burocracia filipina en el caso de Diego Bello

La Fiscalía filipina anunció la semana pasada que había imputado por los supuestos delitos de asesinato, falsificación de pruebas y perjurio a los tres policías que supuestamente participaron en la muerte del joven de A Coruña Diego Bello en enero del 2020 en la isla de Siargao. Fue un paso adelante en un caso que, desde la distancia, generaba muchas dudas sobre su instrucción. De hecho, los abogados que defienden los intereses de la familia, confirman que la burocracia de Filipinas es muy diferente a la española y, precisamente, para llevar el caso tendrán que contratar a letrados del país asiático. De hecho, el despacho de abogados españoles deberán enviar ahora un escrito confirmando que apoyan la imputación de los tres policías. «Aunque os vamos a personar como acusación, es un formalismo que tenemos que presentar antes del 25 de octubre para darle más peso a la acusación. En esa carta tenemos que informar a la Fiscalía de que seguimos adelante con el caso», explicó Guillermo Mosquera, del despacho coruñés Mosquera Abogados.

Aunque no descartan tener que trasladarse en algún momento de la instrucción a Filipinas, la idea de Mosquera y su socio Manuel Ollé Sesé, especializado en Derecho Penal Internacional, es que sean letrados oriundos del país asiático los que hagan las gestiones. «Nos preocupa especialmente confirmar que no se trata de un juicio espejo. El problema es que en España no nos permiten abrir ninguna causa en la Audiencia Nacional porque el caso ya se está enjuiciando en el país donde se cometió el delito. En todo caso, en el escrito que enviaremos a la Fiscalía que nos piden ahora, no renunciamos a recurrir en un momento dado a la Audiencia Nacional y a la Corte Penal Internacional», explicó Mosquera. 

El informe emitido en su día por la policía de Filipinas suscitó numerosas dudas desde el primer momento y no aportaba evidencias ni pruebas sobre la acusación inicial de que Diego Bello hubiera muerto en una operación contra el tráfico de drogas, un delito del que se le acusó. De hecho, los agentes afirmaron que el joven coruñés llevaba encima 10 gramos de cocaína y 30.000 pesos filipinos en billetes marcados (600 dólares) y que el tiroteo se enmarcaba en una «operación exitosa en la lucha contra las drogas». La familia de Diego Bello Lafuente descartó desde el primer momento que estuviera involucrado en asuntos de narcotráfico ya que no tenía antecedentes de ningún tipo y se dedicaba a un negocio de hostelería. Amante del surf y de la vida sana, la autopsia también confirmó que Diego no consumía drogas y que, a pesar de que la policía filipina lo calificó como un gran narcotraficante, vivía de forma discreta y sin nada que ver con los negocios turbios que le atribuían.

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