La Xunta sanciona a los Franco con 3.000 euros por no abrir al público la casa Cornide

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La casa Cornide, propiedad de los Franco, está en la calle Damas de A Coruña
La casa Cornide, propiedad de los Franco, está en la calle Damas de A Coruña MARCOS MÍGUEZ

Los herederos del dictador tienen quince días para presentar alegaciones

30 oct 2024 . Actualizado a las 18:29 h.

La Consellería de Cultura sancionará a la familia Franco con una multa de 3.000 euros por no abrir al público la casa Cornide, el palacete situado en la Ciudad Vieja de A Coruña inmerso en un proceso administrativo abierto por el Ayuntamiento de A Coruña para revertir el proceso por el que la propiedad acabó en manos de la familia del dictador. En abril pasado, el gobierno local coruñés anunció el proceso para declarar la nulidad del proceso de venta de la casona y solicitó la revisión de la permuta para que el edificio vuelva al patrimonio municipal.

Dotado de la máxima protección patrimonial, el inmueble fue declarado bien de interés cultural (BIC) por la Xunta, designación que obliga a abrirlo a los visitantes al menos cuatro días al mes de forma gratuita. La Xunta ya había remitido meses atrás una notificación a los actuales dueños para recordarles las obligaciones por la declaración BIC. Sin embargo, el edificio histórico sigue cerrado al público y tampoco remitieron el calendario de visitas que exige la Consellería de Cultura. Ahora, la propuesta de multa del Gobierno gallego se produce por una infracción leve de la Ley de Patrimonio Cultural y los Franco disponen de quince días desde el momento de la notificación, que ya ha sido trasladada a los interesados, para presentar alegaciones. 

El inmueble del siglo XVIII fue propiedad del Ministerio de Educación y después del Ayuntamiento de A Coruña hasta que en 1962 pasó pasó a ser propiedad de Carmen Polo, esposa de Francisco Franco. Según informaciones de la consellería, el pasado verano los herederos del ex jefe de Estado alegaron que la casa Cornide era una vivienda para evitar su apertura al público, pero la Xunta mantuvo la obligación al constatar que no se trataba de una residencia habitual puesto que no cuenta con muebles. Desde entonces, el departamento autonómico intentó notificar hasta en cuatro ocasiones en la dirección facilitada para ello sin éxito, lo que derivó en la apertura, en julio pasado, del expediente sancionador. En aquel momento, la familia Franco reclamó una ampliación del plazo..