Docentes de las universidades de York y Santiago estudian la vulnerabilidad en el rural
19 oct 2021 . Actualizado a las 17:21 h.Los incendios forestales son un problema recurrente en Galicia, en particular en la provincia de Ourense, y la tendencia del cambio climático lleva a pensar que el fenómeno se va acrecentar, y que hay que implementar planes de protección para que la población esté preparada y protegida. La traumática experiencia de los incendios del 2017 en Galicia y en Portugal, que costaron decenas de vidas humanas, es un recuerdo doloroso de lo que puede volver a pasar. Dos profesoras universitarias, la ourensana Julia Touza -docente de Economía Ambiental en la Universidad de York (Reino Unido)- y Marisa Chas, profesora de Economía Cuantitativa en la USC, colaboran en un proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que incluye una encuesta a la población para conocer su actitud y comportamiento en relación a la preparación frente a los incendios forestales. «Es una información clave para poder gestionar de forma adecuada, desde la Administración, central, regional y local, el riesgo de posibles desastres asociados a este fenómeno», anticipa la profesora ribadaviense.
(Aquí el enlace a la encuesta: bit.ly/lumesgalicia
La encuesta está en fase de recogida de datos en línea para sacar conclusiones fiables. Hicieron un trabajo de campo durante mes y medio con entrevistas personales en hogares de los concellos de Ourense y de Pontevedra afectados por los incendios del 2017. Esto les permitió recoger información de la gente mayor; a través de Internet, buscan ampliar el rango de edad para recoger más datos con una encuesta abierta a población de entre 18 y 60 años, residente en zonas rurales y periurbanas de Galicia. La finalidad es publicar los resultados en revistas científicas internacionales para dar a conocer la problemática de Galicia.
Ambas llevan colaborando para conocer el riesgo de incendio, desde la perspectiva socioeconómica, desde hace diez años. Introducen factores para analizarlo como la zona geográfica en la que ocurren. Hay mayor riesgo en las zonas de conexión entre población y monte, el denominado interfaz urbano-forestal. Sobre las causas, en anteriores trabajos han observado, explica Julia Touza, que se dan fuegos por imitación. «Aparecen en una zona y salen en otra. El arresto disminuye el número», añade.
«Ahora se trabaja en identificar la vulnerabilidad. Algunas comunidades son más vulnerables si hay más gente mayor, más niños. Tenemos que adaptarnos a este tipo de riesgos naturales, cada vez más frecuentes por el clima más caliente», añade Touza. Para adaptarse hay que entender ese riesgo, porque se responde a él en función de cómo se percibe tal peligro, la propia respuesta y la de la Administración.
Los datos que se recogieron en las entrevistas presenciales apuntan a que hay «unha percepción altísima do risco e medo aos incendios», apunta Marisa Chas, quien matiza que la información aún está pendiente de ser completada y analizada en su totalidad. En las zonas afectadas por los grandes incendios del 2017 son «conscientes dos perigos que corren e dos danos que se lle poden causar os seus bens. A xente tamén se sinte responsable de autoprotexerse. Dadas as previsións do cambio climático, é factible que os incendios se incrementen. Se non hai presenza poboacional, non se fala de desastre. Vése agora co volcán de La Palma; se fose nunha illa deserta e non destruíra poboacións, non sería un desastre», aclara.
En Galicia, la dispersión poblacional, el abandono del monte de zonas antes dedicadas a la agricultura, o su ocupación por segundas residencias inciden en que haya más riesgo para la gente y sus bienes, al haber más contacto, advierte la investigadora. Y aunque la reducción del riesgo a cero es «imposible», sí se puede trabajar para rebajarlo y prepararse para que un incendio no llegue a convertirse en un desastre. «Hai que complementalo con medidas de autoprotección, a poboación ten que estar preparada previamente para saber como actuar, e posteriormente saber como recuperarse. A disposición a aplicar esas medidas é algo que nos interesa estudar, tanto en xente que tivo experiencias con incendios como os que non», incide Marisa Chas.
Ambas apuntan a que la provincia de Ourense, el interior de Pontevedra, y en general el sur de Galicia, son las zonas de incidencia más alta y de mayor vulnerabilidad y riesgo. Otro factor a analizar es ver si coinciden riesgo alto y vulnerabilidad alta y en qué áreas. En los incendios de California, indica Chas, no sucedió así, pues la gente con alta capacidad económica, y también con mayor posibilidad de respuesta, se situaba en zonas de riesgo, pero quizás en Ourense sí confluyen ambos indicadores.
Marisa Chas: «Hai que deseñar unha política de formación para a autoprotección»
Julia Touza considera que la capacidad de preparare es heterogénea y depende de factores sociales, pero defiende que hay que desarrollar políticas que preparen a esa población con más riesgo. «Hai que detectar as zonas con poboacións máis illadas, con dificultade de mobilidade, e deseñar unha política de protección e formación para a súa autoprotección», remarca Marisa Chas Amil. Una formación de protección civil, con simulacros, la implantación de sistemas de alerta en tiempo real, y otro tipo de prácticas, pueden ser claves para poder salvar la vida en situaciones de emergencia por incendios forestales. Se vio, ejemplifican, en lo que ocurrió en Portugal, donde la mayoría de muertes en el incendio de Pedrógão Grande ocurrieron entre los vecinos que trataron de huir en coche y quedaron atrapados por el fuego en la carretera.
Una de las preguntas que se hacen en la encuesta es cómo es la conexión social para saber si ello influye en la capacidad de preparación. Si residir en viviendas aisladas puede derivar en menor cohesión social, para analizar la capacidad de respuesta en el caso de uno se quiera quedar en su casa ante una situación de riesgo de incendio. A veces la gente responde que quiere quedarse a luchar contra el fuego para defender sus bienes. En ese caso, precisa Chas, hay que saber cómo hacerlo, al igual que los japoneses saben cómo tienen que actuar cuando hay un terremoto.
Lo que tratan es de cuantificar es la percepción de la población, no para responsabilizarla de su protección, advierten, sino para que la Administración diseñe medidas y tenga en cuenta la información que le den los residentes en el medio rural pues cada aldea es diferente.