Son los dos únicos concellos de la zona donde se aplica esta medida de Hacienda
26 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los concellos que incumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública, también aquellos que infringen la regla de gasto, están obligados a elaborar un plan económico-financiero con carácter bianual para regularizar la situación. Así lo recoge la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que aplica el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En este 2017 tan solo dos concellos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes deben regular su gestión con ese tipo de plan. Se trata de Lalín y Agolada.
En el caso del Concello de Lalín se trata del segundo ejercicio donde aplica el plan económico-financiero exigido por Hacienda, el último por tanto de su cumplimiento. Surgió tras producirse un desequilibrio presupuestario en el 2015, cifrado en el documento público recogido por el Ministerio en su página web, en 528.656 euros.
Recoge también datos sobre la deuda pública, cifrada en el 2015 en 4.307.303 euros, con un coeficiente de endeudamiento del 29,78 %, mientras para el 2016 el plan la estima en 3.485.644 euros, con coeficiente de 24,49 %, con descenso en el 2017 a 2.726.754 euros y 18,60 %. Una cuantía que podría ser menor si se cumplen las estimaciones anunciadas hace unos días por el Concello, en concreto de 1,7 millones de euros, al destinar parte del superávit del 2016 a devolver un crédito de 1,4 millones.
El informe correspondiente a Lalín recoge también un apartado relativo a los recursos no financieros, en concreto al precio público aprobado para el aparcamiento subterráneo de Aldea Grande. Comenzó a aplicarse el día 1 de marzo del pasado año, con estimación de una repercusión económica para las arcas municipales de 15.000 euros en el 2016 y 30.000 este ejercicio.
Primer año agolense
Por su parte, el Concello de Agolada se vio obligado este año a activar un plan económico-financiero que tendrá por tanto vigencia en el 2017 y también en el 2018. En su caso se produjo por un desequilibrio en la estabilidad presupuestaria el pasado año de 330.642 euros. Contaba con 1.012.060 euros de deuda pública al cierre del 2016, estableciéndose la obligatoriedad de reducirla a 837.723 euros al cierre del 2017 y fijándose en 660.821 cuando acabe el próximo ejercicio.
El informe recoge una deuda comercial para este año de 106.155 euros del Concello de Agolada, mientras en el 2018 la cuantía sería de 108.278 euros. Por todo ello se establecen medidas correctoras como una reducción de gastos corrientes, cifrada en 6.000 euros este año y 17.000 en el 2018, limitándose la capacidad de financiación previa para el ejercicio en curso a 217.204 euros y a 211.981 euros el próximo año, el último de aplicación en Agolada del actual plan económico-financiero.
Forcarei tuvo que cumplir con medidas correctoras durante el bienio 2015-2016
Si Lalín y Agolada están inmersos en el cumplimiento de sus planes económico-financieros para garantizar la estabilidad presupuestaria, el pasado año concluyó el suyo el Concello de Forcarei. En su caso tuvo que activarlo durante el bienio 2015-2016. El informe sobre su contenido recogido por Hacienda alude a la existencia de una deuda comercial en el 2014 de 76.328 euros, requiriéndose que se rebajase a los 75.000 euros tanto en el 2015 como en el 2016.
Forcarei tuvo que limitar durante la aplicación del plan el uso del superávit presupuestario a la realización de inversiones financieras sostenibles para lograr la reducción del gasto computable. Establecía además para los dos años de vigencia una capacidad de financiación previa de 202.500 euros.
El Concello forcaricense también fue noticia tras conocerse el informe del Consello de Contas sobre las cifras económicas del 2015. Fue el único ayuntamiento de la zona que incumplió la estabilidad presupuestaria.
Aplicación de medidas correctoras para cumplir la regla de gasto municipal
Los concellos que como Lalín, Agolada o Forcarei están o estuvieron inmersos en la aplicación de un plan económico-financiero deben establecer una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto. Para ello deben en primer lugar diagnosticar las causas por las que no se alcanza el objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto. También deben aportar sus previsiones de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales.
Además, deben cuantificar y fijar un calendario con las medidas correctoras incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias en las que se contabilizarán. También recoger las previsiones en las que se basa a nivel económico y un análisis ante la posibilidad de otros escenarios económicos alternativos.