El técnico municipal asegura que lo precisa por vertidos al río
22 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Lalín condiciona la concesión de licencia a Racso para la planta de valorización de neumáticos en el polígono de Botos a la autorización de sus vertidos por parte de Augas de Galicia, o bien la aclaración de este departamento de que no la precisa. Es la conclusión del técnico municipal de Medio Ambiente, en informe fechado esta misma semana, tras varios requerimientos a la empresa y aclaraciones por parte de esta. Un toma y daca no exento de palabras gruesas por parte de la firma, que llegó a poner en duda distintas cuestiones del informe técnico.
En las aclaraciones presentadas el pasado día 12 por la empresa Racso se indica que las aguas de arrastre, junto a pequeñas cantidades de hidrocarburos como grasas y aceites generadas durante la actividad, se canalizan por un suelo impermeabilizado con pendientes suficientes para llevarlas a rejillas sumidero, y de ahí a los separadores de hidrocarburos, previo a su descarga a la red municipal de pluviales del polígono, indicando que la actividad a desarrollar no genera vertidos derivados del proceso productivo. El técnico entiende, por tanto, que las aguas procedentes de la superficie donde se realiza la actividad industrial no van a la EDAR, sino a los separadores de hidrocarburos, y de ahí a la red municipal de pluviales.
Pero como en Botos no existe recogida separativa «non existe rede pluvial de augas, polo que as augas deben ir necesariamente ao cauce público, é dicir, ao río Asneiro ou ao regato Riádigos». El técnico señala que una vez aclarado que los vertidos no van a la EDAR municipal, sino al río, la planta «non precisa cumprir coa ordenanza municipal de vertidos, pero sí deberán contar coa preceptiva autorización de vertidos de Augas de Galicia, e será a Xunta de Galicia a que debe autorizar, por ser da súa competencia».
Es el último escollo que marca el técnico de Medio Ambiente para dar autorización municipal. Porque Racso fue modificando su proyecto inicial mediante anexo visado para cumplir con las prescripciones que le marcó, en cuestiones como medidas de seguridad frente al arrastre o dispersión del material triturado: habrá tres silos de hormigón de 202 metros cuadrados para almacenar el resultante de la trituración primaria. En medidas de seguridad ante el riesgo de incendios, los mismos silos sirven para cumplir la normativa. Y sobre la procedencia de «residuos orgánicos con alta presencia de sangue e graxas», la empresa aclaró que se trató de un error.
Por otra parte, el pasado día 4 el técnico municipal había presentado en el registro de la Xunta escrito sobre las correcciones apuntadas, por lo que espera también la respuesta de la administración autonómica a este respecto. No obstante, tras las modificaciones aportadas por Racso, el técnico cree que una vez la firma cuente con la autorizción de vertido de Augas de Galicia o aclaración de que no la precisa, «entenderase que cumple coa lexislación pertinente, para contar coa preceptiva licencia municipal». El gobierno local explica que a la vista del concluyente informe en estos momentos no se dan las condiciones para otorgar licencia a la planta por las dudas sobre la depuración de aguas. Será el departamento dependiente de la Xunta ?«a única administración que ata o momento informou favorablemente sobre a instalación de Racso»? quien deberá hacerlo.
El Concello, añade, se mantiene en su postura vigilante para que se cumpla la normativa medioambiental, y reafirma su oposición a instalar la factoría en Botos por las dudas medioambientales y la oposición vecinal.
El PP apunta al Concello
Por su parte, el popular José Crespo reiteró ayer que el Concello no emitió informe cuando se lo requirió la Xunta, y de haber llegado cree que pudiera haber cambiado la evolución del expediente. Criticó que si el técnico estaba de baja no se hubiese recurrido a una asesoría externa, como se hizo para gastar 13.000 euros en el caso de qué hacer con la vieja piscina. En línea con el BNG, subrayó Crespo que es el Concello a quien compete dar licencia, «nada de dicir ‘se me obriga a Xunta’ como apuntaron en reunións cos veciños» de parroquias afectadas.