Las solicitudes de gallegos para aplazar el pago de impuestos caen de golpe un 20 %

Cerca de 2.400 contribuyentes se acogieron el pasado año a esta vía por 21 millones, la cifra más baja en 6 años

Impuestos recaudados por la Xunta Impuestos recaudados por la Xunta

Santiago / La Voz

Algunas familias gallegas han encontrado en el aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos a la Xunta un balón de oxígeno para sortear su maltrecha situación financiera. La grave crisis económica iniciada en el 2008, la más larga de la democracia, hizo que se disparase el número de contribuyentes con problemas de liquidez para cumplir con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, la mejoría económica ha hecho que el número de solicitudes vuelva a bajar; de hecho, durante el pasado 2016 se acogieron a esta modalidad 2.327 gallegos, un 20 % menos que el ejercicio anterior.

Hace ahora justo un año, la Administración autonómica amplió el límite para que los contribuyentes pudiesen acogerse al aplazamiento o fraccionamiento de un determinado impuesto sin necesidad de presentar una garantía, una medida que tenía un doble objetivo; por un lado, asegurarse el cobro de deudas tributarias; y, por otro, dotar de mayor liquidez a las familias. La Axencia Tributaria Galega (Atriga) incrementó este límite de 18.000 a 30.000 euros, lo que significaba que, por debajo de esa cantidad, no había que presentar un aval, con independencia de que el proceso se hallara en el período de pago voluntario o en el ejecutivo. Esta modificación, según detalla la Consellería de Facenda, afectó a todas las deudas gestionadas por la Xunta de Galicia, es decir, los tributos propios, las tasas y todos los ingresos de derecho público que no son de índole fiscal, como las multas, las sanciones o el reintegro de subvenciones.

Menos deuda pendiente

Los datos de la serie histórica revelan que el pasado año la Administración gallega concedió aplazamientos y fraccionamientos en el pago de los principales impuestos que gestiona por un importe equivalente a 21,1 millones de euros. Una cifra que es un 14 % inferior a la del 2015. De hecho, habría que remontarse hasta el ejercicio del 2010 para encontrar una cantidad más baja. Los récords, precisamente, se marcaron en los años 2011 y 2012, en los peores momentos de la primera recesión, cuando se aplazaron por ejercicio casi 30 millones de euros. La cifra volvió a bajar al ejercicio siguiente, pero repuntó en el 2014, cuando los niveles de desempleo tocaban máximos históricos.

Desde la Consellería de Facenda consideran determinante dar toda la información a los ciudadanos: «Hai que ter en conta que o contribuínte ao que se lle concede un aprazamento ou un fraccionamento ten que aboar ademais xuros de demora; estes intereses son fixados pola Administración do Estado para todas las administracións, e neste 2017, xustamente, sitúase no 3,75 %», explican desde el departamento autonómico que lidera Valeriano Martínez.

Mirando caso a caso

A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, en Galicia no hay unos baremos estandarizados de renta o de situación económica en función de los cuales se decide a quién se le concede y a quién no los aplazamientos o fraccionamientos. Es la propia Atriga la que estudia de forma individual cada supuesto, tal y como le ampara la Ley General Tributaria. «Es mejor estudiar cada caso de forma personal para dar unas mejores garantías», explica Victoria González, directora de la Atriga. A todo lo relacionado con los aplazamientos se suma que la morosidad en el pago de los impuestos cedidos a la comunidad autónoma creció de manera considerable durante los años más duros de la crisis. A la espera de que el Ministerio de Hacienda actualice los datos relativos al 2015, los últimos disponibles revelan que el impago de tributos a la Administración autonómica creció un 74 % entre los años 2010 y 2014; al comienzo de ese período la cifra sumaba algo más de 65 millones de euros, y al final estaba ya en 113 millones.

Lo que no se paga

Esta cantidad se concentra en el impuesto de sucesiones (donde sigue habiendo un elevado número de renuncias, pese a la mejor fiscalidad), patrimonio y en el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Los ingresos tributarios de la Xunta durante el 2015, último año con datos disponibles, lograron su mejor registro desde el inicio de la crisis (604,9 millones de euros), una cifra que tiene que ver con la mejoría económica, pero también con un mayor control del fraude fiscal por parte de las autoridades.

Estos son todos los pasos para retrasar legamente el abono

Un contribuyente puede solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de una deuda tributaria antes de que concluya el período voluntario de pago o, si es en período ejecutivo, hasta el momento en que se notifique el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. Para ello, el ciudadano tiene que presentar una solicitud en cualquier registro administrativo dirigido a la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), bien a sus servicios centrales o a sus delegaciones.

La Atriga tiene en su página web un modelo de solicitud, aunque puede tramitarse sin él. Lo más relevante es que en esa petición formal por escrito es el contribuyente el que realiza una propuesta de aplazamiento o fraccionamiento. Es decir, le propone a la Administración para su estudio los plazos que mejor se adaptan a sus necesidades; por ejemplo, quiero un aplazamiento de un año y a partir de ese año, pagar la deuda a plazos en 3 años. Una vez recibida esta propuesta, la Administración autonómica la analiza, e incluso puede que requiera más documentación al contribuyente (por ejemplo, su declaración de la renta para confirmar que tiene posibilidad de afrontar la deuda, o si es una empresa, alguna garantía de la viabilidad de la misma).

Las condiciones

La Xunta le podrá conceder o no el aplazamiento en los términos propuestos por el contribuyente u en otros diferentes. En todo caso, mientras la Administración autonómica no resuelve esa solicitud (el plazo para ello es de seis meses) la deuda está suspendida, aunque el contribuyente puede ir cancelando parcialmente el importe según los plazos que haya propuesto.

La mejoría económica de los últimos años, con la recuperación del mercado de trabajo y un mayor dinamismo, ha tenido un efecto en la recaudación de la Xunta. A la espera de conocer los datos definitivos de cierre del 2016, en el pasado 2015 crecieron un 5,6 % respecto al año anterior.

Especialmente significativo fue el incremento de los ingresos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; la recaudación durante el 2015 se situó en los 264 millones, la cifra más alta desde el año 2010 y un 17 % más que en el 2014, lo que muestra la recuperación de la compra de vivienda.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el número de operaciones en Galicia pasó de 30.000 inmuebles en el 2008 a solo 12.000 en el 2014, lo que ha tenido un enorme impacto en la recaudación de las arcas autonómicas. En lo que respecta al tributo que grava las herencias, los ingresos del 2015 se situaron en casi 181 millones, cerca de un 28 % menos que durante el 2014.

Baja fiscalidad en sucesiones

Desde el pasado 1 de enero del 2016 también quedan exentos de tributar los primeros 400.000 euros por heredero en sucesiones, lo que deja a la comunidad gallega como una de las autonomías con una fiscalidad más baja en sucesiones. Esto tendrá un impacto en el balance final de los ingresos del 2016, pero también en sucesivos años.

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