El expresidente de la entidad ha sido condenado por un delito de apropiación indebida y absuelto del de falsedad documental
20 mar 2017 . Actualizado a las 13:57 h.El expresidente de Kutxabank Mario Fernández y el abogado Rafael Alkorta han sido condenados cada uno a medio año de prisión por un delito de apropiación indebida, mientras que al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, se le ha impuesto un año de cárcel por cooperación necesaria en la comisión de pagos irregulares que el banco habría realizado a este último.
Los tres condenados fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Buzkaia entre el 14 y 17 del pasado mes de febrero por los pagos supuestamente irregulares por importe de 243.592 euros del banco vasco a Cabieces, cuando Fernández estaba al frente de la entidad. Estos se realizaron a través del bufete de abogados de Alkorta.
La sentencia les condena por apropiación indebida, pero les absuelve del delito de falsedad en documento mercantil del que también se les acusaba. La Fiscalía solicitó para cada uno de los procesados dos años de cárcel, mientras que la acusación popular reclamó tres años y medio de prisión para el exdelegado del Gobierno y Rafael Alkorta, y tres dos años y tres meses para Mario Fernández.
Recurrirá la sentencia
Fernández ha anunciado que recurrirá la sentencia y denuncia que «desde el principio» se produjo «una situación de indefensión» que «alteró todo el proceso». Además, critica que no se haya atendido «ninguna de las pruebas presentadas» en el juicio, por lo que, pese a ser consciente de que «será un proceso largo», presentará recurso con el objetivo de «limpiar» su «honor profesional».
El expresidente de la entidad señala a través de un comunicado que su actuación «ha sido legal y ética, y siempre en defensa de los intereses de Kutxabank». «Tengo la conciencia tranquila», asegura. Según Fernández, «nunca, y así ha quedado acreditado», actuó «atendiendo» a sus «propios intereses». «Voy a recurrir la condena, aunque sea por seis meses y un único presunto delito», insiste.
Fernández expresa su «pleno respeto» a la decisión de la Audiencia Provincial, pero manifiesta también su «total disconformidad con la misma, que no ha atendido a ninguna de las pruebas presentadas en este largo proceso de instrucción». A su juicio, ha existido una «vulneración de la presunción de inocencia», porque «desde el principio del proceso se ha producido una situación de indefensión que ha alterado todo el proceso». «En lugar de probarse los presuntos hechos delictivos, hemos tenido los acusados que probar la inocencia», ha manifestado.