El Constitucional tumba la plusvalía y abre la puerta a miles de reclamaciones

Anula el impuesto sobre las ventas a pérdida y obliga a Hacienda a cambiar la ley estatal

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Redacción / La Voz

El Tribunal Constitucional ha enterrado definitivamente el impuesto de plusvalía municipal, aunque solo en aquellas operaciones que no generen una ganancia patrimonial para el contribuyente. Como antes hicieron con las normas forales que se aplicaban en Guipúzcoa y Álava, los magistrados entienden que la redacción de la Ley de Haciendas Locales (idéntica a la que regía en esas dos provincias vascas) vulnera el principio constitucional de capacidad económica, en la medida en que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (como se denomina técnicamente el tributo) no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, «sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo».

Y es que, tal y como está redactada ahora la norma, para determinar la base imponible del impuesto se tiene en cuenta el valor catastral del inmueble, que se incrementa en función de los años que este ha permanecido en el patrimonio del contribuyente, con lo que en la práctica siempre salía a pagar. Incluso en aquellos casos, nada infrecuentes en los últimos años por los efectos de la crisis en el mercado inmobiliario, en los que las propiedades se vendían por debajo del precio que tenían cuando se habían comprado o heredado (el tributo se aplica a todo tipo de transmisiones, no solo a las compraventas).

Y eso es lo que el Constitucional considera contrario a derecho: obligar a tributar, por medio de mecanismos de valoración artificiales que no tienen en cuenta la capacidad económica real, por una operación que no ha generado un beneficio al contribuyente. En lo que no entran los magistrados es en cómo se puede demostrar que no hubo plusvalía ni en como se va determinar a partir de ahora la base imponible del impuesto, que ven perfectamente legal cuando grave una ganancia patrimonial real.

Y es que, argumentan «la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador», al que recomiendan que haga los cambios legales necesarios «que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana».

Hacienda espera a la FEMP

La pelota, por tanto, está ahora en el tejado del Ministerio de Hacienda. En realidad, lleva ahí desde febrero, puesto que cuando el Constitucional dio el primer golpe a la plusvalía, aunque en ese momento solo afectaba a Guipúzcoa, en el departamento de Cristóbal Montoro se dieron ya por enterados y pusieron en marcha la reforma del impuesto. Pero, tres meses después, aún no hay nada cerrado. En Hacienda aseguraban ayer que la solución se debe consensuar con la Federación Española de Municipios y Provincias, ya que el tributo es una de las grandes fuentes de financiación para los ayuntamientos. En la FEMP explican que sus técnicos están trabajando en una propuesta, que harán pública el día 30, cuando la apruebe la junta de gobierno del organismo, y que luego se empezará a negociar con el Ejecutivo y los grupos políticos.

¿Cómo recuperar lo pagado?

De lo que tampoco dice nada el fallo del Constitucional es sobre cómo se pueden recuperar las plusvalías que, según el criterio de los magistrados, se han abonado de forma indebida. Según los cálculos de Tinsa, son 550.000 las viviendas transmitidas en los últimos cuatro años por un valor inferior al de adquisición y que, aun así, tuvieron que abonar el impuesto municipal de plusvalía. Y de ellas, 18.300 están en Galicia.

A falta de conocer el impacto de las devoluciones, que dependerá en última instancia del criterio de los tribunales, lo que es seguro es que la sentencia del Constitucional supondrá un golpe en las arcas municipales, que recaudaron 2.625 millones por la plusvalía en el 2015, último ejercicio del que hay datos. En Galicia, donde 114 municipios aplican el impuesto, los ingresos superan los 41 millones al año.

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