Limita aparatos de más de 25 kilos, como los Targus de Indra o los Lúa de Babcock
16 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Fomento dice que ya falta muy poco. Se espera que este otoño, o como muy tarde en el primer trimestre del 2018, quede aprobado en Consejo de Ministros el decreto por el que se regula la utilización civil de las aeronaves a control remoto, es decir aviones no tripulados, también llamados drones.
Esta legislación, cuyo borrador se puede consultar en la web de Fomento, regula actividades hasta ahora prohibidas para estos aparatos, como sobrevolar áreas urbanas, volar de noche o con la plataforma fuera del alcance de la vista. Podrán hacerlo, siempre previa autorización por parte de la AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea), pero solo las aeronaves de menos de 10 kilos.
¿Qué pasa con los drones que superan ese peso y, en especial, con los que llegan a los 25 kilos, como es el caso de los aparatos no pilotados en los que las empresas Indra y Babcock trabajan en el aeródromo lucense de Rozas? La respuesta, con la nueva ley en la mano, es que su operatividad estará limitada y siempre sujeta a certificaciones y permisos especiales por parte de la AESA. «Las aeronaves de más de 25 kilos de peso solo pueden volar con permisos extraordinarios dentro de espacio aéreo segregado, lo que los hace difíciles de comercializar y poner a funcionar», explican fuentes de navegación aérea.
Aclaran que este tipo de aviones no tripulados, en todo caso, tendrán que ser homologados por la propia agencia de certificación de aeronaves civiles, que es la AESA.
¿Es demasiado estricta esta legislación? Los expertos consultados explican que está en línea con el marco regulatorio de la UE, que es continuo objeto de quejas por parte de los constructores de este tipo de aparatos porque limitan su operatividad.
Operatividad limitada
En el aeródromo de Rozas, en donde la Xunta impulsa el CIAR (Centro de Investigación Aeroportada de Rozas), las dos empresas adjudicatarias trabajan en proyectos de más de 25 kilos.
Indra tiene entre manos el avión no tripulado pesado Targus, del que esperan vender 12 unidades para montar una planta de ensamblaje en Rozas.
Babcock está trabajando en el diseño y producción de un helicóptero de 25 kilos controlado de forma remota denominado Lúa, para el control de incendios.
«Este verano, la compañía operó en Huelva por primera vez uno de sus drones (contratado por el Ministerio de Agricultura) y solo pudo volar por la noche para no interferir con los demás medios aéreos; a la vista del operador y a no más de 120 metros de altura durante 20 minutos», aseguran fuentes del sector aéreo no tripulado.
Pese a las restricciones legales, el tirón de la iniciativa público-privada representada por el CIAR ha tenido un efecto inmediato en la iniciativa emprendedora. En apenas dos años, este incipiente sector gallego ha pasado de contar con 14 operadores (año 2015) a sumar en agosto pasado a un total de 165 empresas autorizadas por AESA. Se reparten así: 79 en A Coruña, 53 en Pontevedra, 20 en Lugo y 13 en Ourense.
Según datos de la propia agencia de seguridad aérea, una parte muy importante de estas firmas han sido creadas por autónomos. Y aguantar el negocio no está resultando fácil, ya que, con el actual marco legal, la actividad está limitada a labores de producción audiovisual o cartografía. «Cualquier otra misión está expuesta a penalizaciones y multas que pueden superar los 220.000 euros», aclara la AESA.
Esto se traduce en que, aunque Galicia cuenta con un sector preparado para sacar partido al negocio de los drones, actualmente su capacidad productiva está limitada a un 20 % del potencial.
Galicia desarrolla un sistema de seguridad que localiza, identifica y derriba aviones no tripulados sospechosos
Un dron puede utilizarse para realizar múltiples funciones en diversos sectores de actividad. De hecho, su uso ha abierto un amplio abanico de actividades en campos, como por ejemplo el de la agricultura y el de la seguridad, en los que ha demostrado ser de gran utilidad.
Son usos beneficiosos, aunque un dron también puede emplearse para ejecutar acciones negativas, lo que se une al vacío legal existente. Es una de las principales razones por las que llegan los sistemas antidrones, que tienen sello gallego.
El principal objetivo de esta tecnología es evitar que se realicen actividades consideradas ilegales o bien que puedan suponer o entrañar un peligro o una amenaza real.
En este escenario, no es de extrañar que la detección y neutralización de los drones pequeños, con vuelos lentos y a baja altitud, se esté convirtiendo rápidamente en una alta prioridad en la agenda de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de los Estados de todo el mundo. Así, varias Administraciones públicas han comenzado a licitar y adquirir sistemas que pueden proporcionar estas capacidades defensivas en diferentes escenarios operativos .
Este es el campo de trabajo del departamento especializado en aviones no tripulados del centro tecnológico Gradiant, de la Universidade de Vigo.
El sistema, que está ya en fase avanzada de desarrollo y con grandes expectativas de comercialización, logra detectar, identificar y neutralizar, derribándolas si es preciso, aeronaves no tripuladas que se encuentren operando en situación de ilegalidad o que supongan una amenaza para la seguridad de las personas.
Fuentes de Gradiant explican que se trata de un sistema que solo podría utilizar un cuerpo de seguridad, y que está enfocado al control de los aeropuertos, en donde ya se han producido percances por culpa del vuelo irregular de drones, o en grandes aglomeraciones (estadios deportivos y conciertos).
El objetivo de Gradiant es enfocar este sistema al mercado del ámbito civil, aunque la tecnología también ofrece grandes posibilidades para la seguridad en el militar.