La funcionaria que liquidó el Popular deja a los diputados sin respuestas

La presidenta de la Junta de Resolución se aferra al «éxito» de la operación

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Madrid / Colpisa

La esperada intervención de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, ante la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso resultó tan decepcionante para los diputados que la presidenta de la comisión, Ana Oramas, no tuvo más remedio que recriminar a la responsable del organismo europeo su falta de colaboración. «Le tengo que manifestar que prácticamente ninguna de las cuestiones ha sido respondida», le espetó ayer al final de la comparecencia, para insistirle después en que había perdido «una oportunidad única para dar tranquilidad a los 300.000 accionistas del Banco Popular», así como a «toda la ciudadanía española», explicándoles que «las cosas se hicieron bien» con el rescate de la entidad financiera en junio.

La comparecencia de König dejó casi tantas dudas abiertas como las planteadas por los grupos parlamentarios, cuyas cuestiones se habían centrado en la intervención sobre el Popular, una operación que tuvo que ser aprobada por la JUR, al tratarse de una de las entidades bajo su supervisión. Buena parte de las cuestiones versaron sobre la necesidad de que el organismo europeo hiciese público el informe de valoración elaborado en su momento por Deloitte, en el que se estimaban unas pérdidas de entre 8.000 y 2.200 millones.

Sin embargo, König -que ha denegado en varias ocasiones a los diputados españoles el acceso a ese documento- se limitó a contar lo que ya se sabe: que el panel de apelación de la JUR le ha obligado a publicarlo, pero solo parcialmente; que lo harán antes de que finalice el año; y que no se hará público en su totalidad para «evitar reacciones adversas» en el mercado. Según explicó, están limando el texto que se difundirá preguntando a las entidades implicadas en el proceso -como el Santander, el banco que adquirió Popular- qué datos se pueden publicar.

König se reafirmó en todas las decisiones tomadas en torno al Popular, calificando de «éxito» la operación y advirtiendo que la otra alternativa, que pasaba por el concurso de acreedores de la entidad, habría afectado negativamente a la economía española y «podría haber llevado al contagio a otros bancos». Además, recordó que el Popular tenía un problema de liquidez del que se derivó otro de solvencia por apelar continuamente a los mercados para captar capital.

Pendientes de Deloitte

La JUR está esperando un nuevo informe, también de la consultora Deloitte, que debe determinar si la solución del concurso de acreedores habría sido menos perjudicial para los accionistas. König insinuó que no cree que se llegue a esa conclusión pero que, si así fuera, tendrán que indemnizar a los inversores.

En esa misma comisión, Aristóbulo de Juan, que fue director general del Banco de España en los ochenta, denunció «la fuerte aversión de las autoridades a las intervenciones de bancos». Esa actitud, dice, propició que se buscase «que los inspectores no desvelaran las pérdidas de las entidades, con lo cual la supervisión quedaba matizada. La orientación que parecían recibir los inspectores era asesorar en vez de identificar problemas y exigir su pronta corrección. Solo así se explican casos como el del Popular».

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