Un juez ha dado la razón a Rachid Bouikou, un hombre que lleva cuatro años luchando contra la venta de su piso de alquiler social a un fondo buitre
25 may 2018 . Actualizado a las 20:15 h.Rachid Bouikou ha vencido. Este obrero de la construcción en paro con tres niños le ha ganado la batalla a un fondo buitre que pretendía comprar 2.935 viviendas públicas entre las que se encontraba la suya. Cuatro años de ardua pelea que le han valido la razón. Tras presentar nueve recursos con la ayuda de un abogado de oficio, un magistrado ha anulado la venta que ya en el 2013 pretendía llevar a cabo el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Un paquete de casi tres mil viviendas públicas que iba a adquirir por 200 millones el fondo Azora-Goldman Sachs.
Dice el juzgado de lo Contencioso Administrativo que se ha encargado del caso que la adjudicación que dictó el Ivima nunca fue debidamente «explicada ni justificada» y tampoco aprobada por el Consejo de Administración de la institución dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y hay más. Porque el magistrado que ha llevado el caso asegura que no se entiende por qué razón el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en aquel momento ocupaba el popular Ignacio González, decidió vender casi 3.000 pisos de protección social aduciendo únicamente que «ya no eran necesarios». No lo entiende, y tiene sus razones. Porque en aquel momento el 80 % de los pisos estaban ocupados por familias desfavorecidas que actualmente intentan sobrevivir en una situación económica bastante precaria y en unos pisos con un mantenimiento deficiente.
Estos vecinos madrileños empiezan a ver la luz al final de un túnel que ha durado más de cuatro años. Ahora, la decisión judicial asegura que la venta de estos inmuebles -por un valor de más de 200 millones de euros- entra en contradicción con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid y, en su momento, fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 % más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Este paquete de inmuebles está formado básicamente por pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie.
Tras conocerse la sentencia, fuentes del Gobierno regional han asegurado que estudiarán con detenimiento la posibilidad de interponer o no un recurso ante el fallo del Tribunal. Eso sí, recuerdan que la operación se realizó por el anterior Ejecutivo autonómico y que los actuales regidores madrileños se han comprometido a no vender ninguna vivienda de la Agencia de Vivienda Social.