¿Presupuestos sociales o electorales?

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

SERGIO PEREZ | reuters

Los expertos creen que el cálculo de ingresos está sobrestimado, frente a unos gastos que son estructurales

17 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Pese al mensaje sin fisuras que el lunes enviaron las ministras de Economía y de Hacienda de que el plan presupuestario enviado a Bruselas para su aprobación incluye unas cuentas realistas y sociales que mejorarán la vida de millones de ciudadanos y que, a la vez, cumplirán con las exigencias de los socios comunitarios en materia de estabilidad presupuestaria, se multiplican las voces que lo ponen en duda.

La estimación de los ingresos tributarios es la que levanta más suspicacias entre los expertos consultados por La Voz, que coinciden en que, como ya había hecho el PP en años anteriores, el Gobierno socialista también ha caído en la tentación de inflar la recaudación, precisamente en un momento en el que el crecimiento de la economía se está ralentizando.

«El Gobierno lo tiene endiabladamente difícil», sostiene Julio Sequeiros, catedrático de Economía de la Universidade da Coruña. Y lo explica: «Por un lado quiere, y necesita, incrementar el gasto social para hacerse ver, para que la gente note el cambio. Por ejemplo, el tema de la dependencia es muy importante, pero no hay con qué pagarlo. Porque conseguir unos ingresos fiscales suficientes pasa por agredir tributariamente a la clase media, subiendo el IRPF y el IVA. Pero no puede hacerlo porque el próximo año hay elecciones...». Critica, además, el «cortoplacismo» del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Unidos Podemos, plasmado en las cuentas, porque «en la práctica son acuerdos para ir a la campaña electoral».

En esto último coincide Pablo Rodríguez Barreiro, economista y autor del libro Economía sencilla, que también considera «un poco propagandísticos» los números. «Las previsiones de ingresos son optimistas, porque hay que cuadrar los Presupuestos y los gastos son una especie de precampaña electoral, con el añadido de que las subidas en pensiones no solo son incrementos anuales, sino que están subiendo el gasto estructural y en pocos años serán insostenibles».

Añade que, «aunque el papel lo aguanta todo», cosa diferente será cómo se comporte realmente la recaudación con unas previsiones de crecimiento económico en desaceleración. «El Gobierno ha rebajado una décima su previsión de crecimiento, pero es posible que el PIB crezca aún menos, porque hay factores internacionales -como la guerra comercial entre EE. UU. y China o el precio del crudo- que pueden impactar más». Por eso, dice, no ve clara la posibilidad de que se cumplan unas cuentas que se asientan sobre la base de que la economía no frene más y no surjan gastos imprevistos, al ser año electoral. 

Dudas en los nuevos impuestos

«El Gobierno tiene muy claro cuáles son los gastos. El problema son los que puedan surgir y no están presupuestados, porque precisarían de un fondo de maniobra del que no disponen», apunta Lydia Campos, directora del Máster de Tributación y Asesoría Fiscal de la Escuela de Finanzas. Pone en valor la importancia del algunas medidas sociales, como el subsidio por desempleo para mayores de 52 años o la ampliación del permiso de paternidad, pero añade que el talón de Aquiles de los Presupuestos está en los nuevos impuestos que, como el de transacciones financieras o el diésel, pueden acabar recaudando bastante menos de lo esperado. «Puede que la gente opte por no usar el coche o por no comprar acciones o bonos para eludir los nuevos gravámenes, y eso es algo que se escapa de las previsiones del Gobierno, que sí puede hacer cálculos realistas sobre los impuestos tradicionales, como el IRPF o el IVA».

Diagnóstico similar ofrece Javier Santacruz, que considera que «la parte de los ingresos está fuera de la realidad. Sobre todo los relativos a los nuevos impuestos. Las estimaciones de recaudación parecen un ejercicio de ciencia ficción. Se ha tomado el mejor escenario posible de recaudación en lugar de una banda, como hacen en EE. UU. o Alemania, cuando aún no saben cómo van a articularlos». Para el economista, profesor en la Universidad de Essex (Reino Unido), lo más preocupante es que el grueso del gasto planteado es estructural, es decir, que va a ser difícil de controlar, o que los ingresos crezcan por debajo de lo que lo haga la economía. «Y mientras que los gastos crecen de forma estructural, los ingresos, en el mejor de los casos, son cíclicos. Es un problema», concluye.

El BBVA recela del plan de ingresos y avisa del impacto de la subida del salario mínimo

El servicio de estados del BBVA hizo también ayer su valoración sobre las primeras cuentas de Pedro Sánchez, expresando sus «dudas» sobre algunos de los datos presentados por el Gobierno. Creen sobrestimados los ingresos en una o dos décimas de PIB, lo que supondría una desviación de hasta 2.000 millones de euros. Por el otro lado de las cuentas, creen infravalorados los gastos en una décima. Un descuadre de los números que se suma a otro impacto que creen que puede tener el incremento del salario mínimo, con una subida del 22 % hasta los 900 euros.

El responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, aseguró que tras una evaluación «muy preliminar» del plan presupuestario constatan una «ligera diferencia» respecto a las previsiones del Gobierno. Además, consideró que se esperaban «algo más» de inversión pública.

No obstante, si se incorporan las medidas anunciadas por parte de todas las Administraciones públicas, y si se cumplen las previsiones de ingresos, Domenech cree que sería «perfectamente factible» cumplir el objetivo de déficit del 1,8 % el próximo año.

Respecto al anuncio de subida del salario mínimo, el economista sostiene que si viene acompañado de un aumento de la productividad, permitirá aumentar los ingresos y no supondrá «ningún riesgo» en el empleo, si bien ve «dudas más que razonables» para pensar que algunos colectivos vulnerables puedan verse afectados.

El banco también ha revisado a la baja la previsión de crecimiento para España, hasta el 2,6 %, en la línea del Gobierno.