Empleo ofrece al nuevo autónomo más de 10.000 euros en ayudas con trampa

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso VIGO / LA VOZ

ECONOMÍA

EVERYTHINK

Requisitos e incompatibilidades hacen inviable el cobro de las mayores bonificaciones

21 oct 2018 . Actualizado a las 09:25 h.

Marcos es un graduado en Ciencias de la Actividad Física dispuesto a lanzarse al mundo emprendedor. Quiere montar un centro de entrenamiento personalizado y, buceando en la Guía laboral de trabajo autónomo que cuelga el Ministerio de Trabajo en su página web, se le ponen los ojos como platos al ver el punto 6.2.2. Bajo el epígrafe «Subvención por establecimiento como trabajador autónomo», Marcos cree haber encontrado el empujón que necesitaba: una ayuda de hasta 10.000 euros.

Llega el párrafo de los requisitos, en letra más menuda. El primero de ellos lo cumple, porque está en situación de desempleo. Pero a medida que avanza el texto, el emprendedor empieza a venirse abajo. El segundo recoge que la ayuda está condicionada a que el aspirante -que, recordemos, ha de estar en el paro- deberá realizar una inversión en inmovilizado o activos de al menos 5.000 euros. El proyecto de negocio de Marcos se viene abajo.

Al preguntar el ministerio sobre el número de beneficiarios que han percibido esta ayuda desde su entrada en vigor en el año 2015, con el anterior Gobierno, no hay respuesta. «¿Y de qué organismo depende esa ayuda por la que pregunta? ¿De la Seguridad Social? ¿No será competencia de los Servicios Públicos de Empleo?», preguntan con total desconocimiento. «Curse su pregunta por escrito y ya le contestaremos». Fin de la conversación con el Ministerio de Empleo al que Marcos ya ni siquiera llamó.

Promesas y mentiras

«Una trampa». Así es como el presidente de la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, considera que son muchas de las medidas que supuestamente incentivan el emprendimiento, entre ellas, las más recientes de bonificaciones fiscales incluidas en la ley de autónomos.

A su juicio, el texto aprobado «no corresponde para nada» con la necesidad de los autónomos. «Se han puesto en papel muchas cosas, pero no se pueden llevar a cabo», denuncia el representante de esta organización, que ha pedido al Gobierno y a los partidos políticos que enmienden la ley que cumple en vigor ahora un año.

En general, las organizaciones de autónomos son críticas con las falsas promesas que aparecen recogidas en la batería de medidas aprobadas a modo de apoyo al trabajo autónomo y que, en la práctica, no contribuyen a consolidar el autoempleo, porque la mayoría de las ayudas resultan inviables. He aquí el análisis que lo demuestra.

Suministros

Trabajar en casa no es ningún chollo ni a la hora de declarar los gastos. Si la actividad profesional se desarrolla en casa, es posible descontar parte de los gastos asociados a esta. La hipoteca, el agua, la electricidad, el teléfono o Internet son algunos de los gastos que se pueden desgravar. La regla ha generado polémica. En un principio, se intentó que fueran deducibles el 30 % de los gastos del hogar. Sin embargo, la norma finalmente aprobada requiere declarar hasta un 30 % de la vivienda como parte afecta al negocio. Y de ese 30 % desgravar el 30 % de los suministros. De este modo, la parte a desgravar legalmente es muy inferior a ese 30 %. Además, es indispensable comunicar a la Agencia Tributaria la parte específica del hogar afecta a la actividad, para extraer los porcentajes de desgravación sobre esa zona declarada.

tarifa no tan plana

La cuota de 50 euros castiga el fracaso de los autónomos con 3 años sin ayuda para volver a empezar. La tarifa plana de 50 euros es una bonificación que permite a los trabajadores por cuenta propia pagar menos al mes en sus cuotas a la Seguridad Social. Ahora la bonificación se extiende durante un año. Se han eliminado los límites de edad que existían en la primera versión de la tarifa plana, pero no todos los emprendedores pueden acogerse a ella. Es el caso de los que ya han sido trabajadores por cuenta propia en los dos años anteriores. Aunque hayan fracasado, no pueden acceder a la tarifa plana. Tienen que esperar, y darse de alta cuando hayan pasado dos años desde su última actividad. Pero, además, si en la anterior etapa como autónomo el emprendedor ya había disfrutado de la bonificación, solo podrá acogerse de nuevo a la cuota bonificada de 50 euros si han transcurrido tres años, y no dos. Una moratoria excesivamente larga, que dificulta cualquier segunda oportunidad para los emprendedores.

Manutención

La peligrosa aventura de rendir cuentas a Hacienda por cada menú. La reforma aprobada hace ahora un año tendría que permitir que los trabajadores por cuenta propia puedan deducir del IRPF hasta 26,67 euros diarios por dietas de manutención los días laborables cuando estén en viajes de trabajo. En el caso de que el autoempleado tenga que ir fuera de España, la deducción ascenderá a 48,08. Y estas cantidades se duplicarán cuando el profesional tenga que dormir fuera de casa por motivos laborales. La factura deducible abarca toda la manutención diaria (desayuno, comida y cena). Pero solo podrá abonarse por medios electrónicos. Eso es lo que tendría que estar ocurriendo, pero en realidad los trabajadores se están encontrando con un muro de inseguridad jurídica. «Es prácticamente imposible que dentro de dos años un trabajador autónomo pueda tener el diario de ruta que ha llevado para demostrarle a Hacienda ante una inspección que este gasto se hizo en aras del desempeño de su actividad», denuncian las organizaciones de autónomos.

segunda oportunidad

Una ley al rescate de los «fracasados» que tienen dinero para ir al abogado. Desde junio del 2016 hasta ahora, los juzgados gallegos dieron entrada a más de 300 expedientes presentados por personas físicas o jurídicas que acuden a la ley de segunda oportunidad para lograr librarse de sus deudas (aprobada en el 2015 por el Gobierno). Aunque en teoría los autónomos pueden acogerse a esta normativa para resolver su situación y poder rehacer sus vidas, la práctica demuestra que las cosas no son fáciles. El coste que supone recurrir al necesario asesoramiento legal y la complejidad de esta ley hacen que buena parte de los expedientes que se empiezan a tramitar no sigan adelante. «Llega un momento en que los requisitos y la burocracia pueden con las personas, y acaban tirando la toalla», dicen desde la Asociación de Emprendedores y Empresarios de Galicia (Ascega), que asesora a muchos afectados.