Galicia vende el 24 % de la energía que produce, pero la factura cuesta igual que en Madrid, que es un erial
21 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Galicia le está viendo las orejas al lobo. Una industria de la talla de Alcoa amenaza con cerrar la histórica fábrica de aluminio primario de A Coruña porque, entre otros factores, no puede soportar un precio de la electricidad más elevado que en otros países europeos y, por tanto, le resulta complicado competir con ellos. Y eso que desde que la multinacional estadounidense llegó a España, hace veinte años, recibe incentivos públicos para abaratar su factura. Solo entre el 2015 y el 2018 se embolsó 500 millones de euros. Pero, dice, ya no son suficientes. En parte porque los fondos para ello han menguado este año (redondeando, han pasado de 500 millones a 300); y en parte porque el precio de mercado de la electricidad anda por las nubes.
El caso es que amenaza por segunda vez en cuatro años con cerrar A Coruña, y otras industrias también están sufriendo por los elevados costes energéticos.
Esto ocurre en la tercera comunidad de España que más energía genera, por detrás solo de Andalucía y de Castilla y León, casi tanta como la que necesita Madrid para alumbrarse. Y que en el 2017 exportó al resto del país el 24 % de la electricidad que produjo: 6.500 gigavatios hora. Quizá debería ser entonces aquí la luz más barata que en otros territorios, ¿o no?
La crisis de Alcoa ha vuelto a resucitar una ya casi histórica reivindicación del BNG para que Galicia disfrute de una tarifa eléctrica propia, que sería más barata (un 15 %, dice el Bloque) que la estatal. Un argumento que ya se escapa del ámbito nacionalista y que incluso reclama el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón.
Pero ¿es posible? Legalmente, no. Las competencias en regulación eléctrica las maneja el Gobierno central, que decide que el sistema esté basado en la solidaridad territorial. O sea, los gastos se reparten por igual entre todas las comunidades, sean más o menos productoras. Si no fuese así, los habitantes de las islas Baleares y Canarias o de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (en las que apenas hay centrales de generación) se arruinarían pagando el suministro eléctrico. Por eso la tarifa eléctrica no sabe de fronteras y es plana para todas las autonomías.
La tarifa vasca
Pero, como en todo, aquí también hay excepciones: el País Vasco. No se trata exactamente de que paguen otros precios por la luz, sino de que las industrias de esa comunidad disfrutan de un peaje de acceso (los costes ajenos al consumo) diferente porque están conectadas a líneas de alta tensión de 30.000 voltios. En el resto de España son de entre 40.000 y 60.000. El Gobierno redujo los tramos de los peajes y creó uno a medida que abarata sus gastos. Algo así. El BNG se agarra a esta excepción para defender que sí es posible la desigualdad eléctrica territorial. El exdiputado nacionalista Fernando Blanco Parga precisa que, más que una tarifa eléctrica propia, lo que demandan es que Galicia reciba algún tipo de compensación económica por su aportación al sistema eléctrico nacional y también por el impacto que causan en el territorio los molinos y las centrales hidráulicas. Pero, en realidad, las empresas ya pagan por eso vía sendos cánones.
Esa solidaridad territorial saltó por los aires durante un año, el 2013. Fue el tiempo que estuvo en vigor la aplicación de un capítulo de la anterior ley del sector eléctrico, que recogía la implantación de suplementos territoriales en aquellas comunidades que gravasen la actividad eléctrica. Suplementos que deberían pagar los residentes de cada territorio. Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a repercutir en la factura de todos los gallegos 37 millones por el cobro ese único año a las empresas propietarias de instalaciones de generación eléctrica de hasta cuatro impuestos autonómicos: canon de saneamiento, hidráulico, eólico y ecotasa. Estos tributos los pagan las compañías, pero ahora los gallegos tienen que devolvérselos, vía factura de la luz, por orden del Supremo. Cada consumidor abonará 15,17 euros, a razón de casi 1,3 euros al mes durante un año.
Los suplementos territoriales
Los cánones citados siguen en vigor en Galicia, pero no así los suplementos territoriales, que quedaron derogados. Si no lo estuviesen, sí se podría hablar de una tarifa eléctrica autóctona, aunque los gallegos saldrían perdiendo en ese caso: pagarían más que los demás. Porque, al menos en la liquidación del 2013 que hay que devolverles a las eléctricas, es la comunidad que más dinero tiene que reintegrar por culpa de los tributos autonómicos. Hay otras trece autonomías afectadas por el fallo del Supremo -que apremia al Ministerio de Transición Ecológica para que cumpla sus instrucciones de una vez por todas-. Tras Galicia, la segunda que más dinero les debe a las compañías por los impuestos del 2013 es Castilla y León, con 13,18 millones.