La banca seguirá ganando, usted seguirá pagando


«Espero y deseo», ha dicho el presidente Sánchez, que los bancos no repercutan en el cliente el cobro del impuesto de actos jurídicos documentados, tributo que tendrán que asumir las entidades a partir del lunes, vía real decreto del Gobierno. La confianza del presidente solo puede ser eso, un anhelo. Un desideratum. Porque la realidad es que si los bancos asumen los 1.500-2.000 euros de media que cuesta ese tributo por cada hipoteca, el cliente tendrá que ponerlos por otro lado. «Si ofrezco un producto que tiene un coste, y este coste me sube, yo tengo que hacer algo, no puedo ofrecer lo mismo al mismo precio si es más caro, no puedo ir a pérdidas, que además es ilegal», comentaba esta mañana un directivo bancario. Está bien claro: las hipotecas serán más caras (lo son ya desde que se declaró ilegal la cláusula suelo, y los bancos han pagado en los juzgados). No hoy. Ni mañana. Ni pasado. Pero lo serán. Y si no es suficiente, hay otras vías: las comisiones de servicios. Las que se cobran por un préstamo, sí, pero también por una tarjeta, por sacar dinero del cajero, por una transferencia... Se tenga o no una hipoteca. Entre enero y septiembre los grandes operadores españoles ingresaron más de 7.000 millones en comisiones. Los actos jurídicos les van a costar unos 700 millones al año. Hagan cuentas.

Confía el presidente en que, además, la competencia entre entidades evite esa subida. Obvia Sánchez algo evidente: el 90% del mercado financiero español está hoy controlado por solo 5-6 bancos, desde los 60 que había hace apenas 10 años, cuando se inició la fusión y bancarización de las cajas, alentada por una ministra socialista y gallega, Elena Salgado, y continuó Luís de Guindos, hoy vicepresidente del BCE. Es decir, no hay una competencia efectiva. Hay un oligopolio.

Enfrente, la medida que se ha sacado de la manga el PP: suprimir el impuesto. Pudieron hacerlo durante el mandato de Rajoy, que acabó hace unos meses, cuando este tema lleva judicializado un año. Primer tirón de orejas. Segundo: suprimirlo supondría privar a las comunidades de una vía de ingresos clave. Solo en Galicia suponen 70 millones al año, los que dejaría de ingresar la Xunta; es tanto como el gasto anual en políticas de empleo. Improvisación: Pablo Casado no ha debido consultar este tema. Con Feijoo. Ni con ninguno de sus presidentes autonómicos. Supondrá peores servicios públicos. Por lo tanto, el ciudadano también pagará.

Y luego está Pablo Iglesias, socio de Sánchez, pidiendo una retroactividad total. Bien. Más inseguridad jurídica y la quiebra de una parte del sistema.

Un lío monumental que no se resolverá sin que alguien pague por ello: usted.

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